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Sábado 30/11/2024
 
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Mundo

Detenidos doce policías acusados de espionaje y escuchas ilegales en una investigación por corrupción

Entre los detenidos se encuentra el antiguo jefe de Inteligencia de la Policía Ali Fuat Yilmazer

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Un tribunal de Estambul ha ordenado este sábado la detención de doce policías acusados de espionaje y escuchas ilegales en relación con la investigación por corrupción y sobornos en el entorno gubernamental que llevó a la dimisión de tres ministros y que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, relaciona con la creación de un "estado paralelo" que intenta apartarle del poder.

   Entre los detenidos se encuentra el antiguo jefe de Inteligencia de la Policía Ali Fuat Yilmazer. Los doce policías arrestados forman parte de las 66 personas que están siendo investigadas por formar parte de un "estado paralelo" que estaría dirigido por el principal rival de Erdogan, el clérigo Fehtulá Gulen.

   Durante la jornada se ha ordenado la liberación de 26 personas que permanecían retenidas desde el martes, cuando dio comienzo en Estambul esta investigación por la que han sido detenidos hasta un centenar de policías en varias ciudades de Turquía, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.

   El gobernante Partido Justicia y Desarrollo ha acusado en numerosas ocasiones a los policías e ivnestigadores relacionados con este caso de formar parte de una conspiración que tendría como objetivo hacerse con el poder y derrocar a Erdogan, gracias a la influencia que Gulen tendría en los círculos judiciales y policiales.

   Por lo tanto, la operación contra este "Estado paralelo" continúa a menos de un mes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 10 de agosto y en las que Erdogan parte como gran favorito para la victoria.

   Hasta el momento miles de policías y cientos de jueces y fiscales han sido relevados de sus cargos mientras que varias autoridades estatales han dimitido desde que empezara la investigación gubernamental contra la red de Gulen.

   Gulen, que vive en un exilio autoimpuesto en Pensilvania (Estados Unidos) desde 1999, ha negado la acusaciones de complot contra el Gobierno.

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