Burundi ha prohibido las manifestaciones en las calles, las barricadas y las patrullas nocturnas con el objetivo de "detener la insurgencia" en el país, que vive una ola de protestas violentas en las que han muerto al menos diez personas.
El ministro de Defensa, Pontien Gaciyubwenge, leyó a última hora de ayer un comunicado en el que anunciaba la prohibición de las protestas para evitar los disturbios, que comenzaron el 26 de abril, cuando el partido gobernante hizo pública la candidatura del presidente, Pierre Nkuruniza, para las elecciones de junio.
Desde entonces han muerto al menos 10 personas, más de 60 han resultado heridas y más de 50.000 burundeses han huido de sus hogares por miedo a la violencia preelectoral, según las últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El comunicado, firmado por el Consejo de Seguridad Nacional -presidido por el presidente burundés-, también especificó que las barricadas deben desaparecer en las próximas 48 horas, así como las patrullas nocturnas que en algunos distritos están llevando a cabo jóvenes manifestantes para acometer actos violentos.
Pese a la prohibición, algunos manifestantes ya han advertido que continuarán las protestas, que ayer vivieron un día de tregua pactada.
La candidatura del mandatario hutu ha suscitado el temor entre grandes sectores de la población burundesa, que apenas hace una década salió de una guerra civil (1993-2005) que enfrentó a los dos principales grupos étnicos del país -hutus y tutis- y hundió su economía.
Tras su independencia de Bélgica en 1962, Burundi ha vivido dos sucesos calificados como genocidios: la masacre de hutus por el Ejército dominado por tutsis en 1972, y el asesinato masivo de tutsis por hutus en 1993.
Ahora, son miembros de la oposición y familias tutsis quienes han comenzado a dejar el país, ante las informaciones que apuntan a la distribución de armas a las milicias de jóvenes progubernamentales.
