En un informe publicado ayer, tras la visita que los expertos del Greco realizaron a España el 22 y 23 de septiembre de 2008, este organismo considera que algunas sanciones penales relativas a los dos delitos citados “son muy débiles”.
El texto se centra en la criminalización de la corrupción y la transparencia en la financiación de los partidos políticos.
En el primer apartado, el Greco considera una “laguna grave” el hecho de que la corrupción en el sector privado no sea una infracción penal, ya que las funciones públicas y privadas “son cada vez más interdependientes”.
Aparte de la necesidad de prestar mayor atención a la dimensión internacional de este problema –incluyendo la extradición de agentes públicos–, el Greco solicita a España, miembro de este grupo desde 1999, que ratifique lo antes posible el Convenio Penal sobre Corrupción, así como su Protocolo adicional, que fue firmado este pasado miércoles.
En materia de transparencia en la financiación de partidos políticos, se pide la garantía de que los préstamos concedidos a los partidos políticos “no se utilicen para esquivar la reglamentación aplicable” a la propia financiación.
Además se aconseja definir un formato común para la contabilidad y los informes de los partidos, tanto a nivel nacional como local, reforzar el sistema de auditoría interna y dotar de mayores medios al Tribunal de Cuentas. De este modo, el sistema de sanción “debe asegurar la disciplina financiera” de los partidos, reforzando su sistema de control interno.
El Greco solicita también “definir claramente” las infracciones a las disposiciones relativas a la financiación de los partidos y “poner en marcha sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias” de estas infracciones, para lo cual se recomienda “ampliar su abanico y su alcance”.
El informe de 58 páginas reconoce los esfuerzos desarrollados con la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre la financiación de los partidos políticos.
Durante su visita a España, los expertos del Greco mantuvieron encuentros con los responsables de los Ministerios de Justicia e Interior, el Ministerio Público, jueces, y miembros del Consejo General del Poder Judicial.
También se entrevistaron con la ONG Transparency International, así como con representantes del mundo universitario, los medios de comunicación y un grupo de abogados penalistas.
El Greco evaluará la puesta en marcha de las recomendaciones realizadas a España a lo largo del primer semestre de 2011.
