Turquía comienza hoy un periodo de tres meses de estado de emergencia, justificado por las autoridades en la necesidad de proteger la democracia tras el intento golpista del pasado viernes, durante el que el Ejecutivo puede gobernar por decreto, suspender derechos civiles y prohibir publicaciones.
El presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, anunció anoche que esta medida permitirá dar "de forma más eficiente los pasos para eliminar lo antes posible la amenaza a la democracia, el estado de derecho y los derechos de nuestros ciudadanos".
"Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el estado de derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores", dijo el jefe del Estado después de reunirse con el Consejo Nacional de Seguridad y, horas después, con el gabinete de ministros.
La medida entró en vigor a las 01.00 de la pasada madrugada (22.00 GMT) con su publicación en el Boletín Oficial.
El estado de emergencia da amplios poderes al Ejecutivo para gobernar mediante decretos-ley que deben ser debatidos en el Parlamento sólo 30 días después de su entrada en vigor.
Los gobernadores provinciales, nombrados por el Gobierno central, pueden prohibir la distribución de periódicos, revistas y libros y restringir todo tipo de concentraciones, reuniones y actividades de asociaciones y sindicatos.
Las fuerzas de seguridad están autorizadas a disparar si sus órdenes no son obedecidas o si encuentran resistencia armada. Los agentes que se vean implicados en esos casos serán investigados sin ser previamente detenidos.
También se amplían los cuatro días en que un ciudadano puede estar detenido sin comparecer ante el juez.
El presidente invocó el artículo 120 de la Constitución turca que permite establecer el estado de emergencia en el caso de actos de violencia que amenacen la democracia.
Bajo esas circunstancias, el Gobierno puede también imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios.
El estado de emergencia puede ser ampliado por cuatro meses, sin límite de renovaciones, mediante aprobación del Parlamento, donde el AKP, el islamista partido del Gobierno fundado por Erdogan, tiene mayoría absoluta.
El principal partido de la oposición, el socialdemócrata CHP, ha calificado esta decisión como un golpe de Estado civil mientras que el prokurdo HDP ha dicho que esta medida sólo extiende a todo el país una situación que ya se vivía en las provincias donde se concentra la población kurda.
Desde esa formación se ha asegurado que si los golpistas hubieran tenido éxito, también habrían convocado el estado de emergencia.
Ya antes de la publicación del estado de emergencia, unas 50.000 personas, entre funcionarios y trabajadores privados, habían sido suspendidos de empleo por su supuesta vinculación a la red de seguidores de Fethullah Gülen, el clérigo islamista exiliado en Estados Unidos al que Ankara acusa de orquestar el golpe.
