El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco está dispuesto a cursar una comisión rogatoria al Reino Unido para interrogar allí al ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos –imputado por un delito de enaltecimiento del terrorismo– en el caso de que ese país no autorice su entrega a España.
Así lo informaron ayer fuentes jurídicas consultadas en el tribunal, conscientes de las dificultades que presenta el caso y ante la sospecha de que los abogados de De Juana no hubieran comunicado a la Justicia británica su disposición a declarar allí –ha sido citado para el próximo lunes– si no tuvieran garantías de que no se va a proceder a su entrega, al menos de modo inmediato.
Velasco, que el pasado martes dictó una orden de detención y entrega contra De Juana, no tiene constancia oficial de esa citación y no espera recibir ninguna comunicación del Reino Unido hasta que no haya una decisión sobre su petición de entrega.
Las fuentes consultadas aseguran, además, que el próximo lunes el juez de Belfast se limitará a escuchar los argumentos de De Juana, que asegura no ser el autor de la carta que se leyó en el homenaje que se le tributó tras su excarcelación el pasado 2 de agosto y por cuyo contenido se abrió la causa en la que ha sido imputado.
Así, no sería hasta una segunda comparecencia cuando el magistrado le preguntaría si acepta ser entregado a España.
Para que esa entrega se produzca se deben cumplir dos requisitos: que el delito también esté tipificado en el Reino Unido –donde desde 2006 existe la figura del “encouragement of terrorism”, equivalente al enaltecimiento– y que se dé un “mínimo punitivo”.
Esto último podría ser un problema, ya que De Juana se enfrenta a un máximo de dos años de prisión, lo que –en caso de no tener antecedentes– se traduce en que ni siquiera se ingresa en la cárcel.
Además, si el ex preso etarra acepta ser entregado, sería enviado a España en un plazo de diez días, pero si se niega –y en todas las comunicaciones de sus abogados a la Audiencia Nacional se asegura que no desea volver– se iniciaría un procedimiento que duraría al menos un par de meses y que implicaría una decisión final del Home Office (el Ministerio del Interior británico).
ENTRENADOS POR LAS FARC
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la detención de cinco etarras por dar y recibir cursos sobre manejo de explosivos con miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB) en la selva de Colombia, donde cuatro guerrilleros colombianos pidieron colaboración a ETA para atentar en España contra el ex presidente Andrés Pastrana.
El fiscal hace esta petición en una querella dirigida contra los presuntos etarras Martín Capa, Iñaki Domínguez Atxalandaburo, José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán (que reside en Venezuela), así como contra aquellos que vayan apareciendo como responsables de estos hechos durante la investigación.
En su querella, que ha recaído en el Juzgado de Eloy Velasco, el fiscal Vicente González Mota les considera responsables de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, colaboración con banda armada y de conspiración para cometer homicidios terroristas, y por ello pide que se les detenga y se acuerde su ingreso en prisión.
SIETE ETARRAS MÁS AL MES
En otro orden de cosas, las cárceles españolas albergan a día de hoy a 614 presos de ETA, entre militantes de la banda terrorista, miembros de grupos de violencia callejera y de su entorno político, 161 más que en diciembre de 2006, cuando se produjo el atentado de la T-4 en Madrid, lo que supone siete reclusos etarras más cada mes.
Según han confirmado a Efe fuentes penitenciarias, ésta es la cifra más alta de la historia de la banda terrorista y representa un incremento del 35% con respecto al número de presos durante la última tregua de ETA.
De los 614 internos de ETA en los centros penitenciarios españoles, 413 cumplen condena y el resto –201– se encuentran en situación de prisión preventiva a la espera de juicio.
