En el auto de procesamiento, de 122 folios, el magistrado de la Audiencia Nacional dejó fuera a otros doce integrantes de estas formaciones porque considera que para diez de ellos no hay indicios suficientes y los dos restantes están imputados en causa similares.
Entre los procesados están el presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate, su secretario Xabier Isasa, la portavoz de D3M y cabeza de lista en Álava, Amparo Las Heras –a la que Garzón envió a prisión el pasado 26 de enero y que quedó en libertad bajo fianza de 6.000 euros el 24 de marzo–, y el representante legal de esta última formación ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antia.
Garzón también procesó a Arantza Urkaregui, Imanol Nieto, la que fuera candidata de Askatasuna en las elecciones vascas de 2001 Agurtzane Solabarrieta, Elizabeth Zubiaga, Iker Rodrigo y Hodei Egaña, que también quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros junto a Las Heras por decisión de la sala de lo penal de la Audiencia.
Los otros tres procesados son Unai Berrosteguieta, Zuriñe Zorrozua y Aitor Liguerzana.
El juez les imputa un delito de integración en organización terrorista o colaboración por “dar cumplimiento a la estrategia de ETA” a todos, excepto a Antia, Munduate, Isasa y Liguerzana, a los que les acusa de un delito de colaboración con banda armada.
Garzón sostiene que desde que en 2002 se suspendieron las actividades de HB-EH-Batasuna, ETA decidió que la confrontación con las actuaciones del Estado y sus instituciones y, específicamente, frente a las suspensiones judiciales e ilegalizaciones por parte del Tribunal Supremo, se llevaría a cabo por medio de la creación de “marcas políticas sucesivas”.
Unas de estas, detalla el auto, estarían “en activo” –como PCTV o ANV– y otras “sin actividad o en hibernación para ser utilizadas en el momento preciso”, como ha sido el caso del partido político Askatasuna.
Cuando el magistrado interrogó a estos trece procesados, el pasado febrero, el juez les acusó de actuar desde Askatasuna y D3M “con fines políticos electorales”, bajo “la dirección e instrumentación” de la ilegalizada Batasuna-Ekin y “la superior dirección de ETA”.
El pasado 17 de febrero, cinco días después de que el Constitucional confirmara la decisión de la sala del 61 del Tribunal Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de D3M, Garzón decretó la suspensión de actividades de estas formaciones durante tres años, prorrogables a cinco.
Acordó también clausurar sus sedes y locales y sus páginas webs, así como suspender su capacidad para participar como partidos, organizaciones o grupos en cualquier actividad o ámbito nacional o internacional.
También ordenó embargar las cuentas y depósitos de D3M y Askatasuna y suspender todas sus actividades financieras, además de su capacidad para convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público y efectuar cualquier tipo de actividades propagandísticas.
Para Garzón, tanto Askatasuna como D3M “han discurrido desde su inicio por la senda de la legalidad formal pero bajo la dirección y control de una organización terrorista como es Batasuna-ETA”.
