La iniciativa, debatida y presentada durante la primera jornada de la XV Intermunicipal Popular que se celebra en Sevilla, contiene una “batería” de 50 actuaciones para un acuerdo por la transparencia y contra la corrupción.
En el ámbito judicial, los populares quieren potenciar los medios del Tribunal de Cuentas y las cámaras de cuentas autonómicas, “mejorar” el sistema judicial y garantizar la objetividad e imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción, aunque también pretenden ampliar la colaboración de los defensores del Pueblo en la detección de la corrupción y generalizar las auditorías externas como refuerzo de la intervención municipal.
El pacto propone hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos, trasladar al registro de bienes los cambios patrimoniales o de actividades y homologar, por medio de un acuerdo de los partidos, las retribuciones de los miembros de las corporaciones municipales en base a la población y los presupuestos.
Aunque ninguno de los dirigentes se ha referido al caso Gürtel, el documento incluye prohibir la aceptación de “cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no correspondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales”.
Otras de las recetas del PP se centra en la modificación de las comisiones regionales y provinciales de urbanismo y ordenación del territorio, para reducir su perfil político y aumentar el perfil técnico y social, y en proteger a los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y corruptas.
Aboga el PP por el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, por no incluir a los tránsfugas en las listas electorales y por prohibir que tengan un papel ejecutivo en los gobiernos locales surgidos de mociones de censura.
El deseo del PP de evitar actitudes corruptas ha llevado a la alcaldesa de Cádiz, Teofila Martínez, que ha presidido la mesa sobre las medidas anticorrupción, a pedir a su partido que diseñe “con mucho cuidado” las listas para buscar “desde la base” equipos que garanticen la transparencia.
