"España podría convertirse en cómplice de crímenes" en Yemen

Las ONG de la campaña Armas Bajo Control -Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón- han pedido a la Casa Real, al presidente del Gobierno y a los ministros de Exteriores y de Economía que no promuevan la firma del contrato de la empresa Navantia para construir cinco corbetas para la armada saudí.

Así lo reclaman estas ONG ante la posible firma del acuerdo que se realizaría durante la visita estos días a España del príncipe heredero saudí Bin Salman.

Además piden que se ponga fin a las exportaciones de armas a Arabia Saudí, país al que según sus datos se ha exportado armas por valor de 728,5 millones de euros entre 2015 y junio de 2017.

Las ONG denuncian que "España podría convertirse en cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional en Yemen debido al riesgo sustancial de que las corbetas se utilicen para llevar a cabo ataques militares directos contra la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval impuesto a Yemen por la coalición saudí".

En este sentido afirman que "ese bloqueo ha limitado gravemente el flujo de alimentos, combustible y medicinas, lo que viola el derecho internacional humanitario y ha empeorado la catástrofe humanitaria en Yemen".

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, señala que "un tercio de los más de 15.000 bombardeos de la coalición saudí en estos tres años de conflicto han atacado escuelas, mercados, hospitales o viviendas".

Mario Rodríguez, director de Greenpeace, pide al Gobierno que "en lugar de vender armas a la coalición saudí, se sume al creciente número de países que, como Alemania, Suecia, Canadá, Finlandia, Noruega o Bélgica, han cesado las exportaciones de armas a la coalición saudí que opera en Yemen".

José María Vera, director de Oxfam Intermón, califica de "despropósito" la venta de armas españolas a Arabia Saudí por el riesgo de que se usen para cometer crímenes de derecho internacional en Yemen.

Jordi Armadans, director de FundiPau, cree que el debate "no puede reducirse a puestos de trabajo en Navantia u otras empresas a costa de la vida de yemeníes inocentes".