La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla ha reabierto el debate sobre quiénes son los beneficiarios reales de las ayudas sociolaborales irregulares concedidas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2011. Los jueces apuntan a las empresas. Pero un informe del Consejo Consultivo, difundido por Europa Press hace una semana, rechaza que se exija el reintegro de 140.714,21 euros percibidos indebidamente por la empresa IME SL porque se demuestra que los beneficiarios de la subvención “son los ex trabajadores (en sentido formal y material)”. Consultado al respecto, el abogado jerezano Juan Pedro Cosano se expresa en el mismo sentido y lamenta que se vuelva a plantear una cuestión superada. Este extremo abriría la puerta a que la Junta pudiera reclamar el dinero a los 6.000 prejubilados en los últimos veinte años. Algo, en realidad, impensable. Cosano, de hecho, subraya que no se ha requerido la devolución de sus ingresos a ningún ex empleado, salvo a los denominados intrusos.
Al contrario, actualmente, según datos facilitados por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, siguen cobrando 3.251 ex trabajadores y el Gobierno autonómico destinará casi 63 millones de euros por este concepto hasta el año 2025. Parece una contradicción flagrante que el presidente Juanma Moreno haya asegurado que su Gabinete hará todo lo posible para recuperar el dinero, al tiempo que mantiene el pago a los ex trabajadores. Pero la reciente sentencia de los ERE ha puesto sobre la mesa un buen número de nuevos interrogantes. Si todo el dinero era malversado, por qué la Junta no reclama los más de 400 millones de euros destinados a prejubilaciones desde el año 2012.
La clave estaría en el criterio que siguió la juez María Núñez Bolaños para archivar la primera pieza separada por ayudas por valor de 830.000 euros a Azucareras Reunidas de Jaén para sufragar el coste de las prejubilaciones de 54 trabajadores en su planta de Linares. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla consideró que, si no hay intrusos, no hay delito. Y concluyó, además, que “aun cuando pudiera considerarse que las resoluciones son contrarias a Derecho” y que se utilizó un procedimiento “inadecuado o ilegal”, no puede considerarse injusta porque la ayuda se concedió “a una empresa en crisis” y se seguía pagando por parte de la Administración autonómica. Incluso, tal y como señala Cosano, cabría preguntarse si no solo no existió malversación, si ni siquiera prevaricación.
Tampoco existen reproches a las comisiones fuera de los precios de mercado imputadas a este seguro colectivo de rentas. La Junta pagó entonces un corretaje del 11,31%, por debajo de lo abonado por el Ministerio de Trabajo (12,56%). El abogado jerezano agrega que se da la misma situación con respecto a las comisiones en otras comunidades, como en Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha sin que se haya dado ningún problema.
El ruido político y la complejidad jurídica del caso de los ERE impiden, en cualquier, caso, separar grano y paja. Habrá que esperar el devenir de las 187 piezas separadas. Y eso va para largo.
