Este viernes solo se contaban tres profesionales sanitarios contagiados de Covid-19 en el área de gestión sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Jerez, entretanto, contaba 30 nuevos positivos en la población en general e incrementaba la tasa de incidencia en once puntos, y el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez, realizaba un nuevo llamamiento a sus vecinos para que no salieran de casa ante el avance descontrolado del coronavirus, con 3.889,4 casos por cada 100.000 habitantes.
“La vacuna funciona”, apunta el delegado de UGT en el Centro de Salud de Olvera, José Toro. En los dos primeros meses de pandemia, sin equipos de protección individual (EPI) y cuando el desarrollo del fármaco era una quimera, la provincia de Cádiz llego a sumó 400 sanitarios afectados por la enfermedad. Ahora, inmunizado el colectivo, no llegan a la veintena.
A todos ellos había que añadir los que se mandaban a casa en cuarentena. Esta semana, según los datos a los que ha tenido acceso este medio, en el citado distrito había trece aislados y otros diez por contacto estrecho de un familiar. “La situación está controlada”, apunta Alberto Puyana, responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, hasta el punto de que la advertencia de hace dos semanas de que la Junta debía reforzar plantillas ante la cuarta ola, no es urgente.
Los efectivos, incluidos los que han visto renovados sus contratos otros seis meses a partir de mayo, están concentrados en los avances de la campaña de la vacunación y, sin apenas bajas, llevan a cabo su trabajo con relativa seguridad.
Además, desde febrero, con el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, quedó establecida la categoría de enfermedad profesional en los sanitarios que se contagien de Covid-19.
La reivindicación se vio satisfecha finalmente con diez meses de retraso y aun la UGT tuvo que defender que se incluyera entre los beneficiarios a todas las personas trabajadoras de los servicios esenciales y aquellas que por el desempeño de su profesión se vean en riesgo de contagio, como cuidadores de mayores de las residencias, el personal de la limpieza en los hospitales, o el personal de los centros educativos, personal de limpieza, mantenimiento y seguridad y los administrativos, entre otros.
Aún quedan cuestiones pendientes. Puyana recuerda que la mayoría de las infraestrcutruas hospitalarias en la provincia cuenta con más de 40 años y hay carencias de personal estructurales que hay que abordar, prestando especial interés a la atención primera.
Toro, por su parte, reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pago del 24% (del 65% que restaba por abonar) del Complemento de Rendimiento Personal (CRP) del año 2019, “que nos debían pagar este otoño pasado”.
En plena crisis sanitaria, la Administración dejó de pagarlo por problemas de liquidez, y sigue sin abonarlo. UGT está reclamando por ví́a judicial este impago, en algunos casos de hasta 500 euros por rofesional, de un dinero que retribuye el esfuerzo y dedicación individual de cada uno de los trabajadores del SAS.
