La vuelta a las aulas en septiembre pasado tras la suspensión de las clases presenciales por el coronavirus en pleno segundo semestre se llevó a cabo con improvisación y polémica. La presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitaria de Cádiz (ANPE, APIA, CCOO, CGT, CSIF, UGT y Ustea), María Jesús León, recuerda en el inicio de las vacaciones escolares que los centros recibieron las últimas instrucciones el 31 de agosto y aún hubieron de esperar una nueva circular. La formación de los coordinadores Covid comenzó el 1 de septiembre y tampoco se había hecho la contratación del personal de refuerzo.
En la práctica, el peso de la responsabilidad recayó desde un principio en las directivas, apunta, y se ha ido incrementado desde entonces con la dificultad de seguir un protocolo interpretado con disparidad de criterios. “No hemos conocido la incidencia real”, asegura, y lamenta la inflexibilidad de la Consejería de Educación ante la emergencia sanitaria vivida tras las vacaciones de Navidad. “Solicitamos el retraso de la vuelta al colegio pero nos sentimos como mercancía, la Junta decidió seguir adelante a toda costa porque nos decían que los padres y las madres también tenían que seguir”, explica. “Somos partidarios de la presencialidad, pero no a cualquier precio”, agrega.
Por un lado, el avance de la variante británica se dejó sentir especialmente en el Campo de Gibraltar y más concretamente en La Línea, donde el 97% del alumnado se quedó en casa un mes pese a las amenazas de la Administración autonómica de abrir expedientes sancionadores. “Las familias consiguieron así rebajar la incidencia”, que llegó a superar los 2.450 casos. “Pero también creíamos que era conveniente la teledocencia por el temporal Filomena y la obligación de mantener ventanas abiertas”, añade.
“La Consejería no nos escuchó”, denuncia León, quien afea igualmente que no haya cedido con la necesaria rebaja de las ratios. “Comenzamos el curso con la denuncia en Fiscalía”, recuerda, porque siempre ha sido una demanda de la comunidad educativa que cobró más importancia aún por la necesidad de guardar distancia social. “Conseguimos al menos que se incrementaran plantillas, pero ahora no hay certezas de que se vayan a mantener” los profesionales que se han incorporado por el descenso del número de alumnos matriculados. Sin embargo, la representante de los sindicatos considera que justo esto podría servir para comenzar a reducir los grupos de 20, “manteniendo todas las líneas”.
“Hemos llegado agotados a final de curso, con la reducción de derechos a la hora de disfrutar de permisos, licencias o un año sabáticos, con la presión del Covid y de las oposiciones de los interinos, plagadas de errores, y con el caos en la campaña de vacunación, con los compañeros mayores de 55 años vacunados recientemente”, afirma. “Todo esto tiene un coste en la salud mental de profesores y alumnado”, advierte.
En este sentido, la presidenta provincial de la Flampa, Leticia Vázquez, valora el esfuerzo hecho, “especialmente por los pequeños”, y reclama por un lado que se refuerce la atención psicoemocional de los miembros de la comunidad educativa y se invierta para atajar los problemas detectados. Vázquez se refiere en concreto a la brecha digital y la desigualdad existente en el alumnado por cuestiones económicas y sociales o por la necesidad de atenciones especiales.
Pero también a la necesidad de consolidar avances registrados en estos meses, como que los centros cuenten con una mayor plantilla de docentes, sanitarios de referencia y también en las instalaciones; y conseguir nuevos logros como la rebaja de la ratio que, subraya, es un clamor de toda la comunidad educativa hoy, un curso y medio marcado por la pandemia, más unida que nunca.
