La Junta ha recibido un total de 24 reclamaciones por fraude en el domicilio que han requerido la investigación de 137 casos, tras lo que un total de 39 alumnos han perdido los derechos de prioridad en la elección de centro y, de ellos, 28 han debido cambiar de colegio al demostrarse fraude o falsedad documental en las solicitudes de admisión a centros sostenidos con fondos públicos.
La mayoría de las denuncias se han producido en el acceso a la educación infantil de tres años, según ha explicado la delegada de Educación de la Junta en Granada, Ana Gámez, para quien "la colaboración institucional es básica para el éxito de estas actuaciones, ya que se implican diferentes agentes".
En la tramitación de las denuncias recibidas, la Delegación ha contado con la colaboración de la Fiscalía, de la policía autonómica y de la mayoría de los municipios, aunque la Junta lamenta que no haya sido así con el Ayuntamiento de la capital, "que es quien tiene las competencias sobre el padrón y que ni siquiera ha contestado a los requerimientos en relación a la comprobación de la veracidad de los datos aportados por las familias".
El proceso de escolarización se realiza con plenas garantías para todas las familias, por lo que, como paso previo a la resolución final, todas las familias denunciadas han sido oídas e informadas del procedimiento en curso y de los datos aportados por la policía autonómica, según añade la delegada en un comunicado.
De este modo, las resoluciones emitidas por educación han supuesto que 39 escolares de la provincia pierdan la prioridad, una cifra inferior a la del pasado curso en la que fueron 83 los afectados.
Asimismo, el número de alumnos que han perdido la plaza en el centro que habían solicitado también es inferior, ya que se pasa de los 63 del curso anterior a los 28 del presente, lo que "representa un porcentaje mínimo en el proceso de escolarización de los más de 212.000 alumnos de la provincia".
Gámez destaca a este respecto que "la Junta de Andalucía actúa con contundencia ante este tipo de casos para garantizar el derecho de las familias en la elección de los centros escolares".
Mantiene, sin embargo, que "el fraude en la escolarización es una práctica poco habitual, que afecta a un porcentaje insignificante, inferior al 0,02 por ciento, del alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos en nuestra provincia".
Además, Gámez indica que "cualquier alumno mantiene intacto su derecho a la escolarización" y que "Educación dispone de plazas vacantes en todas las zonas de la capital así como en los municipios".
