El fuera concejal de Urbanismo durante el primer mandato de José Torres Hurtado, Luis Gerardo García Royo (PP), acusado de un delito de prevaricación en la operación urbanística relacionada con el Plan Parcial de Cerrillo de Maracena, donde estaba previsto construir el Palacio de Hielo, ha negado este miércoles que existiera "trama" alguna en este asunto y ha defendido su actuación, que se limitó a hacer caso al criterio de los técnicos municipales.
Entre los procesados, que se enfrentan a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo y sobre cualquier otro que comprenda facultades de contratación, figuran también el exgerente de Urbanismo Manuel Lorente, los promotores José Julián Romero y Manuel José Rodríguez Acosta, el que fue secretario de la Junta de Compensación de los terrenos, el vicesecretario del Ayuntamiento, el que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006 y el que lo fue hasta esa fecha.
Los hechos, que fueron denunciados en su día por Fiscalía, que entendía que pudo haber apropiación de aprovechamientos urbanísticos del Estado por parte del Ayuntamiento, se remontan al pasado 25 de septiembre de 2005, cuando el entonces edil de Urbanismo y varios promotores inmobiliarios firmaron un convenio para el desarrollo urbanístico del Plan Parcial, con una superficie neta de 177.384 metros cuadrados.
Ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Granada que enjuicia el caso hasta el día 15, García Royo ha negado que se reuniera con los promotores implicados, y ha señalado que sus funciones como concejal "no bajaban" al nivel de controlar las modificaciones de los expedientes urbanísticos municipales, que era algo que correspondía a los técnicos. De hecho, ha asegurado que él no estuvo ni siquiera presente en la Junta de Gobierno local de 22 de septiembre de 2005 en el que se aprobó el convenio urbanístico relacionado con terrenos del plan parcial en cuestión, puesto que se encontraba en Belgrado (Serbia).
Asimismo, ha afirmado que eran los técnicos y los promotores los que negociaban las distintas modificaciones de los planes parciales, y que en este caso, el que está puesto en duda por las acusaciones --además de la Fiscalía, por la Abogacía del Estado-- era una modificación del que ya puso en marcha el anterior equipo de gobierno, formado por PSOE, PA e IU. "Yo no conozco el tema en profundidad para saber qué ha pasado", ha señalado en varias ocasiones el exconcejal, que llegó a la corporación municipal en junio de 2003 y se marchó en junio de 2007.
También ha dicho que ni en el expediente llevado a este juicio "ni en ningún otro" ha dado instrucciones a los técnicos sobre cómo debían tramitar el procedimiento, y ha incidido en que es "totalmente falso" que existiera "trama" en el área de Urbanismo, donde la operación se gestionó con "transparencia" y "claridad".
Por su parte, el que fuera gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, también ha defendido en todo momento la actuación municipal, y de los técnicos del área, y ha atribuido las diferencias entre la ficha técnica de la Junta de Compensación y el documento del Plan Parcial a un error de "medición". Además, ha explicado que el Ayuntamiento tenía interés en firmar un convenio con los promotores para "monitorizar" la operación por un lado, y, por otro, para cobrar lo antes posible los aprovechamientos urbanísticos que se derivaran.
En lo que respecta a la titularidad de la finca del Ministerio de Fomento que afectaba a los terrenos y que está anexa a la autovía, ha relatado que ni siquiera estaba inscrita en el registro de la propiedad a su nombre, y que fue el propio Ayuntamiento el que la inscribió.
El que fuera jefe del Servicio de Gestión Urbanística desde septiembre de 2006, Luis P.C., ha sostenido la tesis de que el aprovechamiento del suelo de las administraciones públicas, en este caso Fomento y la CHG, pertenecen al Ayuntamiento, porque así lo había establecido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). También ha resaltado el carácter público de la operación, indicando que ni Fomento ni la CHG recurrieron o alegaron al respecto.
La primera sesión de la vista, que se ha dado por concluida pasadas las 14,00 horas, ha servido, además de que para que las distintas partes plantearan sus cuestiones previas, para la declaración de los tres primeros imputados, con lo que el resto de los cinco procesados comparecerán ya ante el tribunal a partir de este jueves, a las 9,30 horas.
ACUSACIÓN DEL FISCAL
Según la Fiscalía, las conversaciones sobre este asunto ya se habían iniciado en 2003, y en 2005 se retomaron actuando personalmente, ya como edil de Urbanismo, García Royo, con la finalidad "de obtener cuantiosos ingresos para las arcas municipales y con la aquiescencia de las empresas propietarias mayoritarias de los terrenos interesados en el desarrollo comercial de la zona, que también obtendrían beneficio de dicha operación al aumentar la edificabilidad de los terrenos".
En el mes de junio de 2005 se presentó en el Ayuntamiento un escrito por los propietarios mayoritarios --J. Julián Consulting S.L., Promociones Arcomarex y Caja Rural de Granada-- anunciando su voluntad de suscribir el convenio urbanístico y, entre otras materias, adquirir los excesos de titularidad municipal de terrenos situados en sistemas generales adscritos al sector del Plan Parcial y excesos de aprovechamiento no atribuibles a otros propietarios.
El convenio se aprobó definitivamente el 31 de marzo de 2006 por la Junta de Gobierno Local, y paralelamente se constituyó la Junta de Compensación sin convocar ni al Ministerio de Fomento ni a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pese a que en el Plan Parcial estaban incluidos terrenos de su propiedad.
Fueron dos de los procesados, el secretario de la Junta de Compensación y el vicesecretario del Ayuntamiento, quienes "omitieron" cualquier notificación que a estas administraciones "debía hacerse para la defensa de sus derechos", por lo que el proyecto de reparcelación de los terrenos fue presentado ante la Gerencia de Urbanismo en enero de 2007 sin su "conocimiento".
En marzo de 2007, con los informes favorables de los técnicos, el proyecto se aprobó inicialmente, y de manera definitiva en agosto, "pese a que en ningún momento Fomento y la CHG fueron convocadas, advertidas o notificadas de actuación alguna, en contraposición a la actuación llevada a cabo con otros propietarios minoritarios".
Como resultado de todo ello, según señala el fiscal, se incluyeron en el sector para el cómputo de las unidades de aprovechamiento a cobrar por el Ayuntamiento y pagar por las empresas interesadas, "con el consiguiente aumento irregular de edificabilidad", terrenos que no eran propiedad municipal o no generaban aprovechamiento al no estar desafectadas del uso público. Se trata de dos parcelas del Ministerio de Fomento, de una extensión de 4.532,36 y 423,84 metros cuadrados respectivamente y otra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 20.484, así como otras dos dotacionales destinadas a viales de una extensión de 4.503 y 3.554 metros cuadrados, lo que hace un total de 33.497,20 metros cuadrados.
Según la Fiscalía, cada unidad de aprovechamiento que se incrementó (de un total de 14.000) se valoró en 417,61 euros, lo que supuso un beneficio tanto para el Ayuntamiento como finalmente para los promotores interesados, dado que el suelo estaba destinado en un 40 por ciento a un uso residencial (con una pérdida de 17,61 euros por metro cuadrado) y un 60 por ciento a uso terciario de ocio y oficinas (con un beneficio de 182,39 euros por metro cuadrado).
Por ello, además de la condena por inhabilitación, el fiscal pide la nulidad parcial del Plan Parcial en cuestión y del convenio urbanístico, y la nulidad total del proyecto de reparcelación de los terrenos.
