El exalcalde de Atarfe (Granada), el socialista Tomás Ruiz, que ha sido juzgado este miércoles en la Audiencia de Granada por la supuesta contratación de personal sin seguir los trámites previstos en la ley, ha defendido su actuación a tenor de la "penosa" situación económica en la que se encontraba el Ayuntamiento y ha garantizado que "en todo momento" quiso "hacer las cosas bien".
La Fiscalía de Granada le atribuye dos delitos contra la administración pública, uno de ellos en la modalidad de prevaricación administrativa, y ha mantenido la petición de ocho años y medio de inhabilitación, así como la privación del derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo.
Los hechos se remontan al 18 de diciembre de 2012, cuando el exregidor dictó una resolución en la que se acordaba la jubilación a tiempo parcial de un trabajador como director de contratación y compras y, al mismo tiempo, se contrataba para ocupar dicho puesto, mediante un contrato de relevo, a otra persona que había desempeñado su labor en la empresa pública 'Proyecto de Atarfe S.A.'.
El 29 de diciembre de 2012, Tomás Ruiz dictó como alcalde de Atarfe otra resolución en la que se acordaba la contratación de un segundo trabajador, también procedente de la empresa pública 'Proyecto de Atarfe S.A', en los mismos términos que el anterior para el puesto de técnico informático.
El exregidor ha reconocido que impulsó estas contrataciones sin tramitar el correspondiente expediente administrativo, sin concurso público y sin decretar la excepcionalidad y urgencia de los contratos para cumplir con el Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria para la Corrección del Déficit.
Aunque el secretario municipal y el interventor emitieron informes poniendo reparos a este procedimiento, Tomás Ruiz ha explicado que asesores externos le comunicaron que era correcto y ha justificado la decisión en el ahorro de 100.000 euros anuales que supuso para el Consistorio, el cual arrastraba una deuda de "20 millones de euros".
Ha defendido además que no se trataba de nuevas contrataciones, en tanto que el capital de la sociedad 'Proyecto de Atarfe S.A.' es cien por cien municipal y sus empleados trabajaban plenamente para el Ayuntamiento desde que la crisis económica favoreciera que la entidad no pudiera seguir con los fines urbanísticos para los que fue creada en un principio.
Junto a ello se ha referido a una sentencia firme de 2015 que ha dictaminado que los empleados de 'Proyecto de Atarfe S.A' pertenecen al Consistorio, que en la actualidad los ha incorporado en su plantilla.
Durante el juicio también han declarado el secretario municipal y el interventor, quienes han confirmado que las contrataciones no se hicieron siguiendo los trámites recogidos en la ley y que avisaron de ello por escrito al exregidor, al tiempo que han puesto en duda el ahorro para las arcas municipales que éste ha esgrimido.
Por su parte, dos asesores externos del Ayuntamiento cuando Tomás Ruiz era alcalde han justificado la urgencia de llevar a cabo estas contrataciones en que en 2013 cambiaba la normativa para poder hacerlas y eran necesarias a tenor de la difícil situación económica del Consistorio, al tiempo que han defendido que se trataba de contrataciones temporales.
