La exalcaldesa de Caniles (Granada) María Pilar Vázquez (PA) ha declarado este lunes ante la Audiencia de Granada que el centenar de contrataciones que realizó durante su mandato por decreto y con reparos de la Intervención respondían a necesidades de "urgencia" en el municipio y que "nunca" fue alertada por los técnicos de que "se estuviera saltando la legalidad".
Pilar Vázquez, que actualmente es concejal de la oposición en el Ayuntamiento, se enfrenta a una petición fiscal de once años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa en este proceso, en el que el Ayuntamiento está personado como acusación y pide doce años de inhabilitación.
En la primera sesión del juicio, la exregidora ha relatado que no tiene conocimientos jurídicos y que cuando accedió a la Alcaldía de Caniles en mayo de 2011 la secretaria-interventora le expuso que ésta era "la dinámica habitual de contratación" en el Ayuntamiento.
Ha precisado que ella no redactaba los decretos de contratación y pensaba que "eran todos iguales, dando por hecho" que se incluía la legislación que regulaba los contratos y que eran los técnicos quienes se encargaban de plasmar los motivos de la selección y de gestionar las bolsas de empleo.
Según ha expuesto la fiscal del caso, todas las contrataciones llevaban adjunto un reparo de la Intervención en el que se especificaba que "se realizaban sin seguir el procedimiento legalmente establecido". La exalcaldesa dice que lo achacó a que "no era el proceso habitual" y no a que fuera irregular.
Junto a ello ha incidido en que la decisión de contratar no era de ella sino de la Junta de Gobierno Local, donde también estaba la secretaria-interventora y nunca se habló de ilegalidades ni de que tuviera que justificar estos contratos con otras fórmulas o llevarlos al pleno. Vázquez ha defendido que todos respondieron a las necesidades y problemas del municipio, que además en aquel momento tenía una tasa "muy alta" de desempleo.
La Fiscalía sostiene que en algunos casos estas contrataciones se hicieron sin justificar el carácter excepcional o las necesidades inaplazables a las que iban dirigidas, como exigía el Real Decreto de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria. En otros, la selección no garantizó los principios de igualdad, mérito y capacidad o se contrató a los aspirantes por menos tiempo del dispuesto en las bases.
La defensa ha planteado como cuestión previa que las acusaciones han hablado de incumplimientos genéricos y no han precisado qué se ha vulnerado en cada caso, un asunto que se resolverá en sentencia.
