La Audiencia de Granada ha rechazado la petición de archivo de la causa que habían solicitado algunos de los investigados en el llamado 'caso Emucesa', en el que se investigan supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa que gestiona el cementerio de San José durante la etapa de gobierno del PP.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia ha desestimado los recursos de apelación presentados por, entre otros, la concejal del PP María Francés, y el gerente de Emucesa contra la decisión del Juzgado de Instrucción 9 de Granada de no archivar el caso.
En la causa están investigadas nueve personas por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la Seguridad Social. Se trata de los seis trabajadores que se beneficiaron de los contratos, el gerente de Emucesa y las personas que presuntamente realizaron las contrataciones en sus respectivas etapas como consejeros delegados, la concejal del PP María Francés y el exedil de este mismo partido Eduardo Moral.
La Audiencia respalda la argumentación del juez de que "ninguno de los argumentos" ofrecidos por los investigados sirve para eliminar los indicios de delito que la investigación arroja de su participación en la "génesis, formalización y desarrollo" de los contratos en cuestión, calificados de 'fantasma' "porque ninguno de los trabajadores reales de la empresa, ni siquiera su director gerente, también investigado, llegaron a recibir instrucciones de este alto personal directivo".
Ni siquiera, añade la sentencia, "les conocían salvo para firmar la nómina, nunca se instalaron en las oficinas de Emucesa ni se pasaron siquiera por ellas", con la excepción de uno, "y no hay una sola prueba física o documento de carácter objetivo que demuestre que realizaran algún trabajo que redundara en la empresa municipal, lo que abonaría la tesis al menos del delito de malversación o, si se quiere, de administración desleal si se consideran no públicos los fondos de la empresa municipal".
Con estos elementos el tribunal, que revisó el 7 de marzo los recursos, acuerda desestimarlos, en la línea de lo expuesto por la Fiscalía y el Abogado del Estado, que ejerce la acusación particular por la Tesorería General de la Seguridad social.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación a raíz de una denuncia de Vamos Granada después de que informes técnicos concluyeran que, entre 2003 y 2012, cuando la empresa era cien por cien pública, se beneficiaron de estos contratos seis personas con un coste de mas de 300.000 euros y sólo consta que una de ellas asistiera a la empresa y realizara algunos trabajos.
Eduardo Moral y María Francés negaron en su día ante el juzgado irregularidades en las contrataciones, incidiendo en que estas personas realizaron la labor para la que fueron empleadas y que nunca hubo "reparos" ni desde el Consejo de Administración, ni de la Gerencia ni en las auditorías externas que se realizaron en aquellos años.
