El Colegio de Abogados de Granada ha contabilizado desde el 15 de marzo hasta el pasado domingo 22 un total de 143 asistencias al detenido, a las que hay que sumar otras 15 asistencias a víctimas de violencia de género.
La abogacía, en especial los letrados adscritos al turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, es uno de los colectivos que está garantizando el desarrollo de los servicios esenciales a la ciudadanía durante el estado de alarma declarado con motivo de la crisis sanitaria.
Así, en cumplimiento de las instrucciones del Consejo General del Poder Judicial sobre servicios esenciales en el ámbito de la Administración de Justicia, el Colegio de Abogados de Granada ha contabilizado más de 150 asistencias al detenido y a víctimas de violencia de género en la primera semana del estado de alarma.
En una nota, el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, ha insistido a las autoridades competentes que "es imperativo poner a disposición de los profesionales jurídicos los medios técnicos e higiénico sanitarios precisos para proteger a este colectivo frente al coronavirus".
En concreto, Cabrera ha recordado el acuerdo con el Decanato de los Juzgados de Granada para que la asistencia al detenido sea realizada directamente desde el juzgado de guardia, sin necesidad de que el letrado tenga que desplazarse al centro de detención, y desde allí pueda entrevistarse con el detenido por vía telefónica y llevar a cabo la declaración por videoconferencia.
Durante la primera semana de alerta sanitaria tres letrados se han negado a prestar asistencia jurídica ante la falta de material de protección, una opción que aprobó la Junta de Gobierno como medida preventiva ante la crisis del COVID-19.
También acordó la suspensión de la limitación de la cesión de guardias y de cambio de guardias por partido y especialidad, una posibilidad a la que se han acogido 9 y 15 abogados durante los primeros ocho días desde la declaración del estado de alarma respectivamente.
