Si había una visita que el colectivo de trabajadores de LBAS esperaba con impaciencia en su encierro era la de los representantes del Partido Popular. No a nivel local, que ya se había producido, sino de instancias superiores, entendiendo que al ser el partido que ostenta el Gobierno de la Nación, tienen más poder de trasladar el asunto a los foros adecuados para que se tomen iniciativas que realmente tengan efecto.
A primera hora de hoy, el colectivo recibía en el salón multiusos del Castillo de Luna la visita del representante local del PP, Óscar Curtido, y de la que es desde hace dos meses vicepresidenta de la Comisión de Defensa en el Congreso, María José García Pelayo, así como del parlamentario andaluz Antonio Saldaña. Tras haber sido puestos al día de la situación por parte del representante de CCOO, José María Rodríguez, y del secretario del Comité de Empresa, Edgard Schmidt, los representantes de la plantilla han pedido a los populares que se aplique la soberanía nacional, y que establezcan una mesa de negociación, con una persona cualificada que el Gobierno considere, al nivel que sea, para abordar con las partes el conflicto y buscarle una salida una vez que se han agotado todas las vías de solución extrajudicial a través del Sercla.
El colectivo ha declarado que la acción que están llevando a cabo solo se interrumpirá en el caso de que se designe a dicho mediador, para poder poner en contraste los informes económicos que presenta la empresa a través de Deloitte y la plantilla a través de un economista independiente, y que viene a contradecir completamente las razones que aduce LBAS para los despidos, que son razones de pérdidas económicas, así como una vez que se paralicen los despidos que está llevando a cabo la empresa. Además han aprovechado para denunciar que nuevamente han sabido que militares norteamericanos están haciendo el trabajo de los huelguistas, algo que "es un delito, y es anticonstitucional".
Por su parte, María José García Pelayo, en calidad de vicepresidenta de la Comisión de Defensa, ha lamentado la situación de la plantilla, y aunque ha reconocido que en este asunto todos los partidos políticos van de la mano, ha querido aclarar que las administraciones deben hacer lo mismo. Y que en este caso, a nivel laboral, las competencias pertenecen a la Junta de Andalucía, que a su juicio "no debe rendirse si la mediación en el sercla ha fracasado". Todo ello, ha dicho, sin querer eludir las responsabilidades del Gobierno, para lo cual ha solicitado a la plantilla los informes económicos y los expedientes abiertos por Inspección de Trabajo para ponerlos en conocimiento del Gobierno de la Nación, "que no tenía esta información hasta ahora".
Una respuesta que no ha satisfecho a los trabajadores, que han recordado al PP que se incumplen los convenios bilaterales entre España y EEUU en materia de empleo y servidumbre militar, sorprendidos además de saber que el Gobierno de la Nación no tenía toda la información tras casi un año de conflicto.
Antonio Saldaña ha aclarado que, aunque se puede discutir sobre las competencias legales, hay que trasladar al Gobierno de la Nación la información necesaria para que se perciba que este no es solo un tema de mediación que ha fracasado, sino que ya necesita de intervención política. "Quizá hemos pecado de quedarnos en el ámbito puramente técnico", ha dicho.
Posteriormente, los trabajadores han podido trasladar a los representantes populares todas sus dudas y discrepancias, insistiendo en la necesidad de que, al igual que en otros conflictos como en el del aeropuerto del Prat o de los estibadores acabaron interviniendo a pesar de no ser sus competencias para resolverlos, hagan lo mismo en Rota con algo que consideran que no es un problema laboral cualquiera, sino que se trata de una vulneración de la soberanía española por parte del Gobierno de EEUU.
