El Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla se ha concentrado este miércoles a las puertas de los servicios centrales de la Fundación Pública para la Integración de Personas con Trastorno Mental Grave (Faisem) para exigir la estabilización del empleo, la "plena integración" de la Fundación en el SAS y un nuevo convenio colectivo.
Según ha explicado en una nota de prensa el delegado de CCOO en Faisem, Héctor Acebrón, "la situación de precariedad en el empleo que vive esta fundación pública ya fue denunciada por CCOO hace tres años, al tiempo que se presentó a la gerencia una propuesta de estabilización del empleo. Sin embargo, Faisem ha seguido manteniendo e incrementando las tasas de temporalidad en el empleo".
Por ello, CCOO apoya "sin fisuras" la "legítima reivindicación" del personal de una oferta pública de empleo "con garantías, que reconozca los derechos de un colectivo numeroso que lleva años, más de diez en algunos casos, con contratos precarios y temporales a pesar de su trabajo en favor de la salud de las personas con trastorno mental grave".
Acebrón ha denunciado que, aun así, ni la Fundación ni la Consejería de Salud "han dado los pasos necesarios para estabilizar el empleo y, por tanto, asegurar la calidad de los servicios asistenciales a las personas a las que se atiende".
De la misma forma, el sindicato ha compartido "la indignación" de la representación legal de los trabajadores sobre el documento presentado por la gerencia de Faisem para retomar las negociaciones de un convenio que se firmó en 2006, ya que "no solo ignora el convenio en vigor y toda la materia convencional añadida por la vía de la negociación desde el año 2009, sino que ignora, igualmente, el fruto de lo negociado en la mesa de la función pública e, incluso en algunos extremos, contraviene el propio Estatuto de los Trabajadores".
Por esta razón, CCOO no se ha sentado a negociar con la gerencia un nuevo convenio, "pues solo lo haremos para mejorar las condiciones laborales de esta fundación pública", por lo que ha exigido la retirada de los documentos presentados y la "reconsideración" de lo expuesto en los mismos hasta adaptarlo a la realidad de partida actual.
