El portavoz del grupo municipal IU-Podemos, Daniel González Rojas, ha mostrado este miércoles su preocupación por el "previsible escaso impacto" que tendrá la declaración de la Isla de la Cartuja como Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "toda vez que este espacio tan sólo es transitada por trabajadores y estudiantes en horarios muy concretos y no resulta representativa de los problemas de movilidad y contaminación existentes en el resto de Sevilla".
Como ha apuntado el portavoz, "que se suma de este modo a las críticas vertidas recientemente desde las centrales sindicales", la selección de la Cartuja por parte del Gobierno municipal es una operación "encaminada a cubrir expediente y cumplir con la nueva Ley de Cambio Climático, pero carece de la ambición y compromiso político necesarios para lograr una ciudad más sostenible y saludable", ha señalado en un comunicado.
En esta línea, el edil de la confluencia ha anunciado que, en la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes, interpelará sobre esta cuestión al delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, al objeto de que explique las razones objetivas para la elección de este espacio como ZBE, así como cuáles serán las medidas concretas contempladas en el plan para promover el uso de transporte público.
Así, entre las principales preocupaciones señaladas por González Rojas se encuentra el "exceso de excepciones" incorporadas al diseño de la ZBE de la Cartuja que puede convertir el proyecto en un coladero sin beneficios para la ciudad, o la insuficiente participación de los agentes afectados por la iniciativa.
Por último, el portavoz de IU-Podemos ha instado al alcalde de la ciudad, el socialista Antonio Muñoz, a hacer valer los compromisos internacionales asumidos en materia de movilidad, las declaraciones aprobadas en Pleno y el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), e iniciar de inmediato los estudios necesarios para implantar nuevos espacios de bajas emisiones en otras zonas de la ciudad donde el impacto de los mismos sea real y ayude a mejorar la movilidad y reducir la contaminación como ya están haciendo las principales ciudades europeas preocupadas por la sostenibilidad y la salud de sus habitantes.
'CONSEJEROS NON GRATOS'
Rojas también ha pedido declarar 'personas non gratas' a los consejeros de Presidencia y Política Industrial, Antonio Sanz y Jorge Paradela, por "estigmatizar los barrios obreros" de Sevilla. Se trata de una propuesta que también será presentada en la Comisión del viernes 16, junto a una "batería de medidas para solucionar los problemas de precariedad energética que sufren miles de hogares sevillanos".
El portavoz municipal se refiere a las "polémicas" declaraciones efectuadas este verano por ambos consejeros en las que "apuntaban a la existencia de narcopisos como causa de los cortes de electricidad en los barrios sevillanos".
En opinión de González Rojas, las palabras de ambos dirigentes del PP andaluz, "en las que restaban responsabilidad a la multinacional Endesa, redundaron en la estigmatización de los barrios obreros, situándolos en el mapa como espacios conflictivos y asociados a la delincuencia, lo que supone una promoción de falsos prejuicios y odio por parte de responsables públicos que no ha de permanecer impune".
La propuesta del portavoz de IU-Podemos se enmarca en una moción compuesta por siete iniciativas encaminadas a solucionar la situación de precariedad energética que padecen barriadas como Su Eminencia, Polígono Sur, Padre Pío, La Plata y Ciudad Jardín, cuyos vecindarios organizados en torno a diversas asociaciones y la plataforma Barrios Hartos han protagonizado numerosas movilizaciones ciudadanas y encierros en centros cívicos "para denunciar los continuos cortes de luz, la falta de inversión por parte de Endesa y la desidia por parte de las distintas administraciones".
Junto a la citada declaración de 'personas non gratas', la moción de IU-Podemos solicita, además, que el Gobierno andaluz agilice los trámites para llevar a cabo las inversiones necesarias y regularizar las viviendas de su propiedad que tiene problemas con el suministro y que la Gerencia de Urbanismo interponga denuncias contra Endesa por los fallos en el alumbrado público.
Asimismo, la moción contempla que el Ayuntamiento informe a los vecindarios a través de los distritos en relación a cualquier avance que se produzca en materia de infraestructuras eléctricas; así como trasladar al Gobierno central la necesidad de crear una empresa pública de energía que pueda asumir la gestión energética respondiendo estrictamente al interés general y no a los intereses económicos.