La mina de Aznalcóllar sigue en un vilo pero judicial. La Junta acaba de anunciar para el próximo trimestre su reapertura a la misma empresa, Minera Los Frailes, a la que fue adjudicada inicialmente pero el proceso judicial por tráfico de influencias, prevaricación y malversación, entre otros delitos, no se verá hasta marzo de 2025, que llevará al banquillo a los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, la cúpula de la empresa Magtel, y a catorce funcionarios. Ecologistas en Acción rechaza esta reapertura sin que se haya resuelto aún el juicio, advierte de que los derechos pueden ser anulados y considera “cómplice” al Gobierno andaluz actual de una corrupción con la que el PP señaló al PSOE pero que parecen haber olvidado.
Ecologistas en Acción realiza un detallado recorrido por un procedimiento judicial que mantiene en vilo la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Así, recuerda que en febrero de 2015, justo antes de las elecciones andaluzas que ganó el PSOE, el gobierno de Susana Díaz adjudicó el concurso de los derechos mineros de la zona Aznalcóllar a la empresa Minorbis, recién creada por los hermanos López Magdaleno, dueños de la empresa Magtel, con un capital social de 3.000 euros “y sin ninguna experiencia en proyectos mineros”, recordando que “la multinacional Grupo México, sin presentarse al concurso, prestó aval económico y técnico a Minorbis para que ésta obtuviera la adjudicación del concurso”.
Según argumentan, Grupo México “no podía presentarse directamente al concurso dado su acreditado pasado de desastres mineros, desde la muerte de 65 mineros en febrero de 2006 en la mina de Pasta de Conchos (México), hasta el vertido contaminante en el río Sonora (México) en agosto de 2014, afectando a 22.000 personas, el último de los 22 desastres ambientales que ha tenido esta empresa en México”, como recogía BBC News Mundo.
Los derechos mineros, “tras una serie de controvertidas resoluciones y empresas interpuestas”, fueron adjudicados en mayo de 2015 a la empresa Minera Los Frailes, participada en un 3% por Minorbis y un 97% por Grupo México, “lo que demuestra que los hermanos López Magdaleno actuaron realmente como conseguidores para Grupo México, usando su buenas relaciones con la administración socialista”, apuntan desde Ecologistas.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado juicio oral en 2025 para juzgar estos hechos contra los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno y catorce funcionarios de la era socialista acusados de delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, y contra las empresas Minorbis, Grupo México, AMC IBERIA MINING y Minera Los Frailes, como posibles responsables civiles, recuerda la organización ecologistas. Entre los inculpados están el exsecretario general de Energía y Minas, Vicente Fernández Guerrero, la exdirectora general de Minas, María Jose Asencio Coto, y los altos cargos Iván Maldonado Vidal y Salvador Camacho Lucena.
A pesar de que el juicio esté fijado para marzo de 2025, “el Gobierno de Moreno Bonilla anuncia la reapertura de la mina para el próximo trimestre, por la misma empresa Minera Los Frailes que supuestamente obtuvo los derechos mineros irregularmente, lo que sin duda propiciaría unas importantes sumas en concepto de responsabilidad patrimonial para esa empresa en el caso de que finalmente esos derechos mineros fueran anulados legalmente”, alertan desde la organización.
En ese caso, Ecologistas en Acción “no dudará en iniciar las acciones legales necesarias para repercutir esa responsabilidad patrimonial hacia los altos cargos y funcionarios que ahora propicien el otorgamiento de autorizaciones ambientales y mineras a una empresa bajo sospecha de corrupción”, advierte la asociación.
Entre esas autorizaciones se encuentra la Autorización Ambiental Unificada, “que plantea un vertido tóxico al Guadalquivir, justo enfrente del Estadio de la Cartuja, de 14 millones de metros cúbicos inicialmente, para vaciar la corta de Los Frailes en año y medio, y varios millones anuales durante los 17 años de posterior explotación”. Todas esas aguas son altamente contaminantes y cancerígenas, con contenido en arsénico, plomo, cobre, mercurio, cinc, cadmio, etc., recuerdan los conservacionistas.
Ecologistas en Acción lamenta la “deriva que parece haber tomado de la Junta”, a la que considera “cómplice de la corrupción de Aznalcóllar” puesto que “el PP en la oposición daba crédito a esas acusaciones de corrupción que a día de hoy ya han olvidado en favor de la multinacional Grupo México”, y considera “fundamental” esperar a la sentencia judicial sobre “quién es la empresa adjudicataria, antes de resuelva cualquier autorización ambiental o minera para la mina de Aznalcóllar”.
