La causa reside en el modelo neoliberal, que regula los precios en función de la oferta y la demanda e impide unos precios mínimos
La Diputación de Sevilla, bajo la presidencia de Javier Fernández del PSOE, ha pospuesto las mociones del PP, Con Andalucía, y Vox relativas al conflicto agrario, optando en su lugar por una declaración institucional consensuada. En este documento, expresan su apoyo a las demandas justas del sector agrícola y pecuario e instan a todas las administraciones relevantes a entablar diálogos y encontrar soluciones a los retos de producción, distribución y comercialización que enfrenta el sector.
En concreto, el orden del día del pleno ordinario de febrero celebrado este jueves por la Diputación de Sevilla incluía tres mociones del PP, del grupo de Con Andalucía que conforman los diputados de IU y de Vox, relativas al sector agrario, tras las múltiples tractoradas protagonizadas recientemente por los agricultores andaluces y del resto de España, en protesta por las políticas europeas de sostenibilidad ambiental por su impacto en su actividad y en demanda de mayor apoyo institucional ante retos como la sequía o la competencia de terceros países.
La moción del PP, defendida por el diputado Silvestre Castells Tascón, señalaba las mencionadas movilizaciones del sector agrario, muchas de ellas marchas de tractores no comunicadas ni autorizadas que ocasionaron un importante impacto en materia de movilidad; exponiendo que la mayoría de los problemas del sector agroganadero andaluz "son comunes a todo el campo español", mencionado el incremento de los costes de producción, la falta de rentabilidad, la grave sequía, "la creciente competencia desleal" de productos de terceros países o las "políticas erráticas" de la Unión Europea, que "lastran" la actividad del sector primario.
En palabras de Silvestre Castells, las políticas ambientales "son fundamentales" pero no pueden convertirse en "un fin" en sí mismas cuando afectan a la sostenibilidad del sector agroganadero, pilar de la socioeconomía. Así, avisaba de que en el asunto pesan "decisiones de urbanitas que no conocen" la realidad del campo y señalaba la competencia de los productos de terceros países, donde los cultivos están exentos de diversos criterios y requisitos ambientales o de calidad que imperan en la Unión Europea.
PEDIR "MÁS FINANCIACIÓN"
Así, la moción del PP defendía el "esfuerzo" del Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno en apoyo al sector agroganadero de la región, instando al Gobierno central del PSOE y Sumar que de la mano del mismo, reclamase "más financiación" a la Unión Europea para el campo español y que promueva "un mejor equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad" del sector agrícola, apoyando además la reivindicación de los agricultores respecto a "una necesaria igualdad" con los productores de terceros países para evitar la "competencia desleal".
En el caso de la moción de Con Andalucía, defendida por José Antonio Mesa, exponía que esta crisis del sector agroganadero "arrastra causas estructurales, como las climáticas o las derivadas de la aplicación de políticas agrarias y comerciales de la UE cada día más liberalizadoras, en un mercado con un alto componente especulativo y con una distribución que acumula mayor poder de negociación".
Como ha explicado Mesa, "la causa reside en el modelo neoliberal, que regula los precios en función de la oferta y la demanda e impide unos precios mínimos", además de que "las multinacionales de la distribución, como Carrefour o Mercadona", según ha citado, como "intermediarios tienen el poder que no tienen los estados para imponer los precios a los agricultores y a los consumidores".
UN "RESCATE INTEGRAL" DEL SECTOR
Así, la moción de Con Andalucía incluía hasta nueve puntos con reivindicaciones al Gobierno andaluz del PP y al Estado en demanda de medidas para compensar las pérdidas del sector y de la implantación de "precios mínimos, priorizar la ganadería extensiva, un plan estatal de "rescate integral" del sector agrario o un refuerzo estatal y autonómico en la ejecución de la ley de Cadena Alimentaria, para impedir las prácticas especulativas.
La propuesta de Vox, de la mano del diputado Rafael García, señalaba la "situación límite" del sector agroganadero, la "excesiva y a veces inútil burocracia" que afrontan los productores, la "competencia desleal permitida desde terceros países sin las mismas exigencias normativas" y la reducción en un 21 por ciento de las partidas estatales para cubrir los seguros agrarios, con demandas al Gobierno central o la Junta para incrementar los fondos destinados a apoyar la contratación de seguros agrarios y de mayor vigilancia a los productos de terceros países.
Ante ello, el diputado del PSOE Francisco José Toajas ha negado que la intención del Gobierno central sea "reventar el campo" español y reconociendo que pesa cierta "competencia desleal" en algunos productos de terceros países, ha precisado que en ello incide el papel de determinados "industriales españoles con inversiones" en esos cultivos de países ajenos; además de que "la cadena de distribución es una de las grandes culpables" de esta crisis y que la Junta de Andalucía también tiene "competencias" con relación a la Ley de Cadena Alimentaria para combatir las prácticas especulativas.
RECESO Y DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Finalmente, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha propuesto un receso en la sesión para que, dado el calado del asunto, el conjunto de los grupos negociase una declaración conjunta, con la que trasladar un mensaje unánime al sector agroganadero y a la sociedad.
Y así ha sido. Tras dicho receso, Fernández ha anunciado la consecución de un acuerdo para "dejar sobre la mesa" las tres mociones, sustituidas por una "especie de declaración institucional" en la que todos los partidos se sienten "perfectamente representados" y trasladan una postura "unánime y certera" de la Diputación, extremo que ha agradecido a los portavoces de los partidos.
La declaración institucional ha sido leída por el secretario general de la Diputación, Fernando Fernández Figueroa, quien ha expresado el apoyo de la entidad "a las legítimas reivindicaciones del sector agrario y ganadero", plasmado en este documento que además insta al "conjunto de administraciones competentes en la materia" a dialogar con el tejido agrario y buscar "soluciones a los diversos problemas de producción, distribución y venta".
