La comisión especial informativa creada en el Ayuntamiento de Sevilla en torno al Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental, nacido a finales del anterior mandato y derogado a comienzos del actual, celebrará el próximo lunes 18 de febrero la sesión correspondiente a las conclusiones, según han acordado este martes las tres fuerzas políticas del Consistorio. Las fuerzas de oposición acusan al Gobierno municipal de haber demorado intencionadamente las conclusiones con "pretextos" y merced a una "táctica política" y el Gobierno local del PP sostiene que PSOE e IU-CA sólo quieren "enredar".
Merced al programa electoral del PP, el verano de 2011 el delegado de Movilidad y Seguridad, Demetrio Cabello, firmó la resolución de Alcaldía que dejaba "sin efecto" un documento previo de fecha 13 de octubre de 2010, relativa a la aprobación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental. Este plan, mediante una modificación de la ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, restringió hasta su derogación el tráfico privado en el casco histórico de la ciudad con sanciones de hasta 70 euros por circular más de 45 minutos en su interior sin la preceptiva autorización.
EL INFORME DE GUTIÉRREZ
En el asunto media un informe rubricado por el ingeniero jefe de sección del Centro de Control de Tráfico (CCT) del Ayuntamiento hispalense, Enrique Gutiérrez, señalando que el plan en cuestión dejó de estar "operativo" el 29 de marzo de 2011 y que el 31 de mayo fue consumada "la desconexión total de la aplicación informática instalada", cuya "recepción real" fechaba además unos días antes de dicha desconexión, el 24 de mayo, cuando la "fecha teórica prevista" era "el 27 de julio de 2010". Este informe revelaba también que las multas se limitaban a los usuarios que, sin la preceptiva autorización, permanecían en el casco histórico entre 75 y 200 minutos, quedando así "sin sanción el intervalo inferior a 75 y superior a 200 minutos", todo ello "sin transmitir la debida información al ciudadano".
El informe señalaba también "errores" de tipo técnico o informático, como son la "fiabilidad" de las cámaras en la detección, la lectura y reconocimiento de las matrículas, llegándose a registrar en una de las cámaras "una fiabilidad máxima de 65,16 por ciento". El jefe de sección de Obras y Servicios y director facultativo del proyecto, Félix Lerma, y la jefa de servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento, Reyes González Castro, entre otros funcionarios, negaron de su lado las tesis de Gutiérrez y, en el marco de esta comisión especial informativa, defendieron el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.
Los funcionarios, eso sí, reconocían que el volumen de infracciones, que podía sobrepasar las 2.500, era diez veces superior a lo que la Agencia Tributaria podía gestionar, extremo que había llevado de hecho a reducir el cupo de sanciones.
VUELVE LA COMISIÓN DEL PLAN CENTRO
Pues bien, después de esta comisión celebrase el grueso de sus sesiones allá por el mes de noviembre de 2011 y las fuerzas de oposición hayan protestado por la demora de la sesión de conclusiones, los miembros de la comisión han acordado este martes que el lunes 18 de febrero se celebre la reunión correspondiente a las conclusiones.
Pero tampoco esto ha estado exento de liza entre las fuerzas políticas. Y es que en esta última reunión, ha cobrado importancia una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que archiva una denuncia formulada por el 'Grupo 17 de Marzo' en cuanto a las fotografías, captadas por las propias cámaras del sistema, que Enrique Gutiérrez mostró durante su comparecencia en una de las sesiones de la comisión informativa para demostrar la "escasa calidad" y la "falta de definición" de las imágenes que tomaba el equipo audiovisual instalado para la aplicación de las restricciones.
LAS COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
Las imágenes, en ese sentido, probaban que las cámaras habían seguido grabando a los vehículos incluso después de ser desactivado el operativo y derogada la medida de restricciones, extremo elevado a la Agencia Española de Protección de Datos. En la citada resolución, la agencia de protección de datos archiva las actuaciones sobre el presunto "desvío" de los datos asociados a estas imágenes porque el Ayuntamiento "se encuentra legitimado para tratar los datos de las imágenes (...) al resultar esta medida un instrumento necesario para el control del tráfico". Respecto a la "fuga de datos" derivada de la comparecencia de Gutiérrez, la Agencia de Protección de Datos no localiza "pruebas", toda vez que el Ayuntamiento había esgrimido que la sesión en cuestión fue celebrada "a puerta cerrada" y sólo sus miembros habrían tenido acceso a ella.
De cualquier modo, el portavoz del grupo Socialista, Juan Espadas, ha criticado que el Gobierno municipal haya utilizado "como pretexto" a la Agencia Española de Protección de Datos bajo la premisa de que para continuar con la comisión era necesaria la emisión de la citada resolución. "Las irregularidades o no de este técnico no afectan a la comisión", ha enfatizado Espadas avisando de que los hechos investigados por la Agencia de Protección de Datos son "distintos" a los examinados por la comisión. "Hemos estado un año y tres meses esperando esta reunión para las conclusiones", dice Espadas.
TORRIJOS DISCREPA
Antonio Rodrigo Torrijos, portavoz de IU-CA, ha manifestado por su parte sus discrepancias sobre la citada resolución, pues "la Agencia de Protección de Datos interpreta que ha habido una filtración, pero era público y notorio que en la comisión de investigación estaban los medios de comunicación". Ha acusado al Gobierno de demorar intencionadamente las conclusiones de la comisión recordando que, en otro momento, el concejal popular Curro Pérez, como presidente de esta comisión, "planteaba públicamente que la comisión no se convocaba porque IU no había presentado sus conclusiones". Para él, el Gobierno local ha accedido a reanudar la comisión como mera estrategia de "distracción" ante los "problemas laborales, sindicales y de corrupción" que afronta el alcalde y presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido.
Curro Pérez, finalmente, ha tachado de "patética" la actuación de Espadas y Torrijos y ha defendido que para continuar con la comisión de investigación, era necesario que mediase esta resolución de la Agencia de Protección de Datos. Pérez ha negado una estrategia de "excusas" y ha acusado a las fuerzas de oposición de limitarse a "enredar". "¿Yo que gano retrasando todo esto?", se ha encogido de hombros el concejal popular descartando que medie una "táctica política" en cuanto a la decisión de reanudar el funcionamiento de la comisión.
"Es una excentricidad cuestionar el informe de la Agencia de Protección de Datos", ha avisado por último en cuanto a las "contradicciones" de la oposición.
