Facua Sevilla rechaza "contundentemente" la forma en la que el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) ha anunciado la ampliación de la zona azul en más de un 77 por ciento de los espacios de aparcamiento de la ciudad.
La asociación, integrada en la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, ha criticado a través de un comunicado que esta medida "no se haya consensuado" en un debate público previo con los colectivos afectados, como consumidores, vecinos, entre otros, así como la estructura de las zonas elegidas para dicha ampliación. Señala que se reducirá el número de plazas en el casco histórico o Los Remedios, mientras que aumentarán las plazas de pago en zonas frecuentadas fundamentalmente por trabajadores y estudiantes como Macarena, PCT Cartuja, Bami, Luis Montoto, dentro de la plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, Viapol o Pirotecnia.
Por ello, Facua Sevilla reclama al gobierno municipal que aborde "con valentía la problemática de la movilidad de la ciudad y haga una transición consensuada hacia parámetros más sostenibles, en lugar de apostar por gravar las plazas públicas, y que ya se inició con la bicicleta y que ha situado a Sevilla como referencia mundial en este medio de transporte sostenible".
La asociación lamenta que "de nuevo" sean los trabajadores y consumidores los que se vean "más afectados con una medida que puede perjudicar aún más la economía de aquellas personas que se vean obligadas a desplazarse a diario en su vehículo privado por motivos de trabajo, estudios, entre otros". "En situación de disminución de la renta media generalizada disponible en los hogares sevillanos, la asociación califica de injustificada la medida, que dificulta a los consumidores llegar a fin de mes", añade.
Asimismo, pone en tela de juicio el procedimiento elegido para la gestión de los aparcamientos en zona azul, ya que ve en la concesión privada la utilización de los bienes y servicios públicos como "negocios seguros para las empresas" y destaca la "incomprensión de que dicha gestión no pueda ser asumida por una empresa pública como Tussam, con unas expectativas de volumen de negocio de siete millones de euros anuales brutos".
Además, muestra su preocupación por una medida que "puede suponer un doble pago para los usuarios del servicio, que tengan que abonar la zona azul y además hacer frente al pago de los 'gorrillas'". La ampliación, destaca Facua Sevilla, "no garantiza la resolución de un problema como éste en muchos de los barrios seleccionados y demuestra que el gobierno municipal opta por implantar medidas sin garantía de que no vayan a empeorar el problema en lugar de solucionarlo con medidas como la inserción laboral, social y asistencial".
