El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), ha confirmado la celebración de una reunión el día 5 de marzo con la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortes, en la que asegura que se tratarán diversos temas, como la rehabilitación de Los Pajaritos o la situación de las familias que habitan desde mayo de 2012 en los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, la denominada 'Corrala Utopía', algo que Zoido considera un "problema de la Junta y que no tiene que trasladarnos a nosotros de manera directa".
Preguntado por la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que ha ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que "den cumplimiento" al desalojo forzoso de estas viviendas, Zoido ha indicado que no puede opinar de las decisiones judiciales, por su "respeto a la independencia del poder judicial". "Dependiendo de las decisiones judiciales y las necesidades o requerimientos que se hagan, desde los servicios sociales atenderán conforme al protocolo que tenemos establecido", afirma.
Sin embargo, ha dejado claro que "es un problema que tiene la Junta y que no tiene que trasladarnos a nosotros de manera directa". Así, detalla que el Ayuntamiento tiene una serie de protocolos en los que se hace la baremación de las personas en "unas determinadas condiciones y son los que tienen derecho a tener unos pisos con renta social". "Esos son los criterios en los que nos vamos a basar", sentencia.
De este modo, insiste en que el Ayuntamiento estará para lo que "se le requiera, pero son criterios objetivos que han de priorizar quienes han de entrar en las viviendas, por lo que no se va a primar a quien da la patada en la puerta, sino a quien más lo necesita". "No vamos a marginar ni discriminar a nadie, pero hay unos criterios", concluye.
EL AYUNTAMIENTO "HA CUMPLIDO"
Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco (PP), ha incidido en que son los técnicos del Ayuntamiento los que bareman la situación de cada familia, algo que se renueva cada cuatro meses. "El primer día de la ocupación fue la unidad de intervención social, pero no fueron atendidos y fueron rechazados. Hemos insistido desde el Ayuntamiento a la comisión y poniéndonos a disposición del Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu", recalca, añadiendo que los servicios sociales son "a demanda del ciudadano".
En este sentido, ha dejado claro que el Ayuntamiento ha cumplido con los compromisos adquiridos en la mesa de negociación en torno al tema, en la que estaba presente el Defensor y a la que se ha acudido hasta en cuatro ocasiones.
DESALOJO DE LA CORRALA
Cabe recordar que este miércoles el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla ha ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den cumplimiento al auto previo a través del cual dicha instancia judicial resolvía el desalojo forzoso de las viviendas de renta libre correspondientes a los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de una entidad bancaria y ocupadas desde mayo de 2012 por un colectivo de familias que carece de relación contractual alguna con el inmueble.
A través de un nuevo auto fechado este pasado martes y recogido por Europa Press, la juez señala que en su citado auto previo, había ordenado el desalojo forzoso de las viviendas avisando ya entonces de que si en un plazo de 15 días no mediaba el "abandono" efectivo de las mismas, se cursaría oficio a las fuerzas de seguridad del Estado para dar cumplimiento a la orden. Dicho auto, fue objeto de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial por parte de las familias, que además solicitaban la suspensión de su ejecución hasta la resolución del propio recurso. La Junta solicitaba suspender el desalojo hasta que las administraciones públicas garanticen alternativas a las familias.
Pero en este último auto, el Juzgado da cuenta de la oposición de la propiedad de las viviendas al aplazamiento interesado por la Junta, ordenando que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado den cumplimiento al desalojo si las familias no hubiesen abandonado las viviendas de forma voluntaria. Igualmente, traslada la decisión a las áreas de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y la Junta a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social.
