El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Agapito Ramírez (IU-CA), ha criticado este viernes, duramente, el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy contra el decreto andaluz que regula la reapertura de la mina enclavada en este municipio. "Nos ha sentado como un jarro de agua fría. Esta comarca está totalmente deprimida y la tasa de paro supera el 30 por ciento en Aznalcóllar. El pueblo no se va a quedar callado", ha dicho a Europa Press el alcalde, quien pregunta retóricamente si el Gobierno haría lo mismo "si la mina estuviese en Valencia".
"Es un jarro de agua fría y, desde luego, no nos lo esperábamos a estas alturas", ha dicho el alcalde, toda vez que se encuentra en curso el concurso abierto por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación de esta mina que, recordémoslo, fue abandonada poco después de la famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
Para el primer edil, se trata de una decisión especialmente hiriente porque el Gobierno central "sabe que esta comarca está totalmente deprimida, con un paro de más del 30 por ciento". "Tenemos muchas esperanzas depositadas en la reapertura de la mina y, desde luego, no nos vamos a quedar callados", avisa el primer edil, quien pregunta con ironía si el Gobierno central de Mariano Rajoy haría lo mismo "si la mina estuviese en Valencia".
"El Gobierno de Rajoy ayuda a las multinacionales, a los bancos y a las grandes corporaciones, pero actúa en detrimento de los trabajadores", dice Agapito Ramírez, quien por cierto formaba parte de la antigua plantilla de Boliden-Apirsa.
