La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo mantendrá una reunión este jueves con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para analizar la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) después de que el Estado haya registrado el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz que regula esto mismo.
Fuentes de la Consejería han señalado a Europa Press que el encuentro se producirá a las 12,00 horas en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y, por parte de la Administración andaluza, acudirá una delegación de la Consejería del ramo y los servicios jurídicos de la Junta.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, garantizó este pasado martes que el Ejecutivo andaluz no va a poner "ningún problema formal" para alcanzar un acuerdo que permita evitar retrasos en la reapertura de la mina de Aznalcóllar y dejó claro que "si al final lo que plantea el Gobierno es que debe ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la apertura, lo voy a aceptar" sin esgrimir que el Estatuto de Autonomía "avala nuestra decisión, que podría hacerlo porque mi prioridad son más de 1.300 familias que no pueden tener la inseguridad de que una salida inmediata al mercado laboral se va a ver interrumpida por un problema de formalismos entre dos gobiernos".
Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo andaluz pidió que "cuanto antes el Gobierno de España se sentara a hablar con la Junta para buscar una solución" y confió en que el conflicto pueda quedar "resuelto en esta misma semana" con una solución "que no suponga un retraso" en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que afecta a más de 1.300 familias de la comarca.
"El ministro Montoro me planteaba que era un problema de competencias, pero con 1.300 puestos de trabajo en riesgo no hay competencias ni discusiones formales entre gobiernos que valgan", ha subrayado la presidenta de la Junta, que dejó claro que "si al final lo que plantea el Gobierno es que tiene que ser quien dé la autorización para que la Junta proceda a la apertura, lo voy a aceptar".
Por su parte, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, los ayuntamientos sevillanos de Aznalcóllar, Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Ronquillo y El Madroño, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero Metalúrgicas, Auxiliares (Aminer) y las organizaciones sindicales UGT y CCOO instaron este pasado lunes al Gobierno central a no presentar el recurso de inconstitucionalidad ante la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), lo que paralizaría el concurso internacional y conllevaría "nefastas" consecuencias para el empleo y la inversión.
Así lo señalaron en una declaración conjunta dada a conocer en rueda de prensa tras mantener una reunión para analizar la situación generada después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros autorizase la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Decreto-Ley andaluz que permite la reapertura de la mina de Aznalcóllar.
TRAS LA RUPTURA DE LA BALSA EN 1998
La mina de Aznalcóllar (Sevilla) fue clausurada después de que en 1998, la balsa de residuos de metales asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufriese una fractura con el consiguiente vertido masivo de lodos tóxicos al área de influencia del río Guadiamar.
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998, toda vez que la mina cuenta con casi 950 hectáreas de superficie y una reserva constatada de 35 millones de toneladas de cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y otros 45 millones de toneladas de probables nuevos recursos.
