Ignacio Hernández Torres, alumno de Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, ha sido proclamado definitivamente este miércoles como nuevo delegado general de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla tras un periodo de varios días en los cuales no se ha registrado alegación alguna al resultado de las votaciones, que, por primera vez, incluían la posibilidad de 'e-voto' y se sometían al sufragio universal directo.
En declaraciones a Europa Press, Hernández, que se impuso a la candidatura encabezada por el estudiante de Derecho Javier Millán Salmerón, ha puesto de manifiesto su "ilusión" por el proyecto, que, ha apuntado, mantendrá una línea continuista con la de su antecesor, Raúl Moreno, con quien ha trabajado estrechamente. Entre otros aspectos, y en el marco de las actuales circunstancias, pide una política de becas que debe ser progresiva y "para todos".
"El eje conductor ya está: el de un proyecto de participación y democracia universitaria, donde los estudiantes entiendan que cogobiernan la universidad y que forman parte de esta comunidad", ha explicado el nuevo delegado general del Consejo de Estudiantes de la Olavide (Ceupo), que también expone que se trata de una propuesta "multinivel" donde "no solo nos centramos en nuestra universidad, como si fuera una aldea de Astérix, sino en una actuación conjunta del día a día que va desde la racionalización de la carga docente y los calendarios de exámenes a temas a nivel andaluz y estatal".
La iniciativa que encabeza Hernández ha seguido un modelo de 'open government' que ha dado cabida a las aportaciones externas. Y es que, a su juicio, una de las claves es la implicación y participación de la comunidad universitaria y, en especial, del sector del estudiantado, puesto que "los derechos no se escriben, se conquistan". "Miles de personas pueden tumbar a un rector, a un consejero o a un ministro", ha aseverado.
MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA 38
En cuanto a aspectos concretos, ha recalcado la existencia de algunos casos "dramáticos" de alumnos a los que el endurecimiento de requisitos de las becas los ha dejado sin ayuda y, en algunos casos, abocados a abandonar los estudios. Frente a ello, apuesta por concebir las becas como "la materialización del derecho a la educación", con una política que debe ser progresiva y "para todos", e implicando tanto a universidad como a Junta y Estado.
Cuestión aparte es el asunto de las Becas Erasmus. Según Hernández, "mucha gente ya no la pide por miedo a verse, por ejemplo, en Polonia, a 1.500 kilómetros de casa y sin dinero porque no se ingresan las cantidades acordadas".
Respecto a las tasas, el delegado general del Ceupo recuerda que "el castigo económico no mejora el rendimiento académico" y que "la universidad que no es pública y de calidad, es de caridad". Asimismo, ha expresado que los estudiantes defenderán una evaluación continua, con un porcentaje "simbólico" del examen final, si se mantiene el actual sistema de trabajos académicos.
Por último, Hernández y su equipo mantendrán contacto con entidades e instituciones para reivindicaciones tales como la modificación del recorrido del autobús 38 -que llega hasta la UPO--, haciendo que llegue hasta la estación de Plaza de Armas para una mejor conexión con el Aljarafe, la creación de un abono joven de transporte o el uso de las bibliotecas y salas de estudio por parte de alumnos de la Olavide.
