El comité de empresa de 'Vinnell-Brown & Root Spain' (VBR), la sociedad que gestiona los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe por sus siglas en inglés), no tendrá "en principio" hasta el 5 de agosto la documentación relativa al nuevo despido colectivo anunciado sobre la plantilla española. Javier Domínguez, portavoz del comité de empresa, ha manifestado que hasta entonces no se conocerá el número concreto de despidos.
Javier Domínguez ha explicado a Europa Press que después de que VBR comunicase este pasado lunes la apertura del periodo de consultas correspondiente a un nuevo despido colectivo, el tercero que afronta la plantilla española de la base desde 2010, este martes la compañía ha formalizado "el inicio del expediente" y ha dado cuenta de los "poderes notariales" de los que goza el director, aunque no será "en principio" hasta el 5 de agosto cuando el comité de empresa cuente con toda la documentación y conozca el número concreto de despidos que planea VBR.
Al día siguiente, el 6 de agosto, comenzaría de manera efectiva el periodo de consultas y el 11 de agosto se celebraría la primera reunión entre ambas partes, según precisa Domínguez en cuanto al calendario que actualmente baraja el comité de empresa.
Mientras el Tribunal Supremo (TS) tiene aún pendiente de resolver el recurso promovido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara "no ajustado a derecho" el expediente de regulación de empleo consumado por VBR en 2013 con un total de 66 despidos, sentencia que sin embargo no anula tales despidos, Javier Domínguez admite que los trabajadores han encajado "mal" el nuevo despido colectivo. "No paramos. Llevamos demasiado tiempo de conflictividad", ha dicho.
Y es que aunque los trabajadores temían este tercer despido colectivo, la decisión de VBR ha causado "indignación" entre los representantes de la plantilla y ha motivado reacciones entre los alcaldes del área de influencia de la base, el PP, el PSOE y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
EL CONFLICTO DE LA BASE
Como muestran las hemerotecas, la empresa gestora de los servicios civiles de estas instalaciones militares ya promovió a finales de 2010 un primer expediente de regulación de empleo "por causas organizativas", para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos entonces a tales servicios. Durante la negociación, la compañía y el comité de empresa acordaron reducir a 150 el número de despidos, pero la destrucción de puestos de trabajo quedó después rebajada a 119 personas al ser descubierto que 31 de los trabajadores incluidos en el ERE habían causado ya baja en la empresa, extremo que por cierto investiga el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla.
Ya en 2013, un año en el que Estados Unidos decidió ampliar su presencia militar en la base de Morón de la Frontera con el despliegue de 500 infantes de marina y ocho aeronaves, la empresa promovió un nuevo ERE. En esta ocasión no medió acuerdo alguno y en septiembre, 'VBR' consumó el despido de otros 66 trabajadores, toda vez que pocos meses después, Estados Unidos ampliaba aún más su presencia militar en Morón para sumar 850 infantes de marina y 17 aeronaves en estas instalaciones.
EL TERCER ERE
Los trabajadores de la base, en ese sentido, avisaban de una estrategia predeterminada para reducir la plantilla española de las instalaciones castrenses y sustituir así a los empleados españoles por personal estadounidenses o directamente marines. Ya entonces, los representantes de la plantilla manifestaban su temor ante la posibilidad de que VBR promoviese un tercer ERE para que, en conjunto, los despidos colectivos se acercasen al número de puestos de empleo que la empresa pretendía extinguir a través del primer expediente de regulación de empleo, es decir 286.
De cualquier manera, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declarase "no ajustado a derecho" el ERE de 2013 al atisbar incluso aspectos como un "incremento de tareas en determinados departamentos", los 66 trabajadores despidos a través de este procedimiento recurrieron ante el Tribunal Supremo a la búsqueda de la nulidad de los despidos, si bien la plantilla afronta ahora un nuevo conflicto con este tercer expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por VBR.
