El portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, ha exigido al alcalde, Juan Ignacio Zoido, que "rectifique" la ampliación de la zona de estacionamiento regulado en superficie o zona azul al estar "equivocado y al haberse hecho sin consenso, algo que los sevillanos no le van a perdonar".
En una entrevista concedida a Europa Press, García critica la "desmesurada" ampliación, que supondrá "un coste importante para el PP con reflejo en las elecciones". "Los sevillanos no van a perdonar al PP esta decisión que ha sido adoptada sin diálogo ni acuerdo con los sectores afectados y con un rechazo tan importante de los ciudadanos", insiste.
Para García, "Zoido ha caído al mentir, porque no ha habido consenso, y en al no rectificar, por lo que o el PP está mal asesorado o confía mucho en su maquinaria propagandística". Así, explica que en Bami se comprueba que el problema "no está resuelto", porque los aparcacoches ilegales o 'gorrillas' "continúan y se desplazan a calles aledañas, por lo que no se mejora la movilidad".
Sin embargo, advierte de que el alcalde no considera la zona azul como elemento para la movilidad, sino como "recaudatorio", mientras que las movilizaciones y el nacimiento de plataformas ciudadanas demuestran, a su entender, que "no ha habido diálogo ni negociación", mencionando el resultado del último Barómetro Socieconómico "donde dice que el 63 por ciento de sevillanos está en contra". "Creemos que esto sólo ha comenzado y que en septiembre volverán las protestas y las movilizaciones, siendo un otoño calentito".
En este marco, reitera el compromiso de IU para, si los ciudadanos los votan en mayo, paralizar esta ampliación de la zona azul, "suspendiendo la medida y abriendo un proceso de diálogo con los sectores afectados para llegar a un acerdo para solucionar el problemas".
En cuanto a la situación legal de la zona azul, recuerda que los recursos de reposición han sido rechazados por el gobierno local, pero entidades como Facua han interpuesto una denuncia en el juzgado de lo contencioso, que "es muy probable que se resuelva a favor de los vecinos, porque fue aprobado por resolución y no con el pleno, que es lo que exige la norma, y de un modo chapucero y no legal".
