El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, se ha comprometido a, si gobierna, rebajar las "altísimas retribuciones" de muchos directivos de empresas municipales, que cobran por encima de los 100.000 euros, estableciendo el sueldo del alcalde como tope. Además de apostar por "intensificar los controles y la permanente fiscalización del que maneja dinero público", tanto de la dirección política como técnica; mientras que llama la atención sobre la existencia en la actualidad de "demasiados contratos" municipales negociados y sin publicidad y no a través de concursos públicos "como procede".
En una entrevista concedida a Europa Press, Espadas ha apostado por que exista "claridad" respecto a las retribuciones, además de la "rebaja inmediata de las altísimas retribuciones que tienen muchos directivos de empresas municipales, organismos y funcionarios municipales que están muy por encima de lo que sus responsabilidades y de lo que la situación general del Ayuntamiento permiten". "Hay muchos salarios por encima de 100.000 euros y hay que adaptarlos a un criterio, que es el del tope del máximo responsable del ayuntamiento", recalca.
Insiste en que "no puede ser" que la responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Asunción Fley, "cobre más que el alcalde, ya que alcanza los 100.000 euros por una decisión política de Zoido". "Critico los sueldos tan altos que había en el gobierno anterior, pero también advierto de que ahora siguen siendo altísimos y que el del alcalde ha de ser el sueldo límite", agrega, tras criticar que las retribuciones del alcalde "no hayan sido conocidas en diversos momentos del mandato", recordando que "al principio se una cosa, pero después su partido le daba sobresueldos, y ahora dice que gana el salario del alcalde, pero gana 10.000 euros más por los trienios".
Así, apoya una transparencia que no se centre "sólo" en portales a través de Internet sobre la situación patrimonial o los ingresos, sino que durante la responsabilidad de cada cargo público "tiene que haber un seguimiento permanente de su gestión al frente de los intereses públicos y de su vida privada, de modo que el ciudadano esté siempre tranquilo que no hay transgresión de intereses privados y públicos".
Tras indicar que en estas elecciones se requerirá una selección "afinada y muy controlada" de las personas que se proponen en las listas, aboga por la "transparencia absoluta a la hora de determinar los compromisos de esas personas con la ciudad y mecanismos de control posterior permanentes". "El que maneja dinero público tiene que estar permanentemente fiscalizado, 24 horas al día y 365 días, al año porque han existido demasiados casos en los que se ha confiado en las personas y estas han fallado", advierte, dejando claro que "no debe haber ni un caso más que tenga que ser investigado, lo que supone mejorar todos los controles que han existido".
CONTRATOS PÚBLICOS
En este contexto, indica que el compromiso de transparencia del PP respecto a la publicación de los contratos públicos "ha quedado a medias" y lo que hace es "a rastras", mencionando el "retroceso" en cuanto a los contratos menores y la existencia de "demasiados" contratos negociados y sin publicidad.
Para Espadas, hay "demasiadas decisiones de responsables municipales sometidas al criterio de acuerdos con una sola empresa sin que sea una concurrencia pública plenamente garantizada para acceder a la mejor oferta". Además, muestra su preocupación por las "bajas temerarias que se están produciendo por algunas empresas en algunos concursos muy concretos", provocando asimismo "bastante desconfianza" sobre el nivel de calidad de la prestación del servicio.
Según advierte, existen también "determinados concursos que se quedan desiertos y que después se negocian en concreto con una empresa", algo que deja claro que no puede ocurrir, ya que "si queda desierto hay que reformular el concurso y sacarlo de nuevo a licitación". "Hay algunas áreas donde se están produciendo demasiados convenios y contratos negociados y no a través de concursos públicos como procede. No digo que sea ilegal pero sí que se está forzando la legalidad en determinadas unidades de gasto lo que lleva a problemas siempre", concluye.