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Viernes 15/11/2024
 
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Sevilla

Satse llevará a los tribunales a la gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur

Por "obstrucción sindical"

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El Sindicato de Enfermería (Satse) de Sevilla ha dado un ultimátum a la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Sevilla, Dolores Alguacil, para que responda a las peticiones de información del sindicato antes de llevar el caso a los tribunales por "vulneración" de la Ley de Libertad Sindical. En este sentido, Satse cuestiona los motivos de la gerente "intentando ocultar información" en una actitud que, a juicio del sindicato, "sólo genera sospechas sobre las actuaciones de un gestor público que debería ser ejemplo de transparencia y respeto a la legalidad".

   Según denuncia el Sindicato de Enfermería, la gerencia del AGS, que incluye al Hospital de Valme, "lleva meses ignorando" sus solicitudes de información sobre condiciones laborales, plantillas o retribuciones del personal, datos fundamentales para ejercer su labor de control sindical y cuyo acceso le corresponde por derecho ya que, recuerda en un comunicado, desde la últimas elecciones sindicales del mes de diciembre es el sindicato mayoritario en la Junta de Personal del AGS Sur de Sevilla.

   En este sentido, Satse recalca que sus reiteradas peticiones de datos "sólo han obtenido el silencio por respuesta", a pesar que tanto la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, como la propia Constitución Española en su artículo 28.1, ampara la labor del sindicato en su ejercicio en defensa de los derechos de los trabajadores.

   Ante esta situación, el sindicato reclama a Dolores Alguacil que "reconduzca esta situación en vez de provocar una judicialización de lo que deberían ser simples actos administrativos, pues al obligar al sindicato a acudir a la Justicia para obtener una información cuyo acceso le corresponde por derecho, sólo provoca un despilfarro de dinero público y la dilatación en la resolución de los conflictos".

   Por último, concluye la organización sindical, subrayando la "gravedad" de que un organismo público, que se supone garante del cumplimiento de las normas, "vulnere de forma sistemática la ley, acción que, por lógica, debería conllevar que desde instancias superiores se depuren responsabilidades".

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