La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), impulsora del Plan Hidrológico de la cuenca cuyas disposiciones relativas al dragado en profundidad que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla han quedado anuladas por una reciente sentencia del Tribunal Supremo, ha señalado que el hito temporal que marca el comienzo del mes de septiembre, cuando la revisión del plan irá al Consejo de la Demarcación del Agua, será el límite en el cual dichas disposiciones deben quedar modificadas.
Según han explicado a Europa Press fuentes de la CHG, la intención del organismo de cuenca es la de acatar el fallo judicial y, por tanto, incorporar de manera "adecuada" el articulado que ha sido invalidado por el Supremo, aprovechando para ello la actual fase de revisión en la que, "con independencia de la sentencia", se encuentra el plan.
Y es que, al objeto de agilizar los plazos para cumplir con la normativa europea, la revisión de este planeamiento se inició de manera casi inmediatamente posterior a su aprobación. De esta forma, el Plan Hidrológico se encuentra, a día de hoy, en proceso de participación pública, quedando el documento "a disposición de cualquier ciudadano que quiera hacer una observación" hasta el próximo 30 de junio.
Una vez que se finalice este periodo --también se incluirán jornadas, talleres y eventos para difundir el documento--, se abrirá un plazo de poco más de un mes para recibir "observaciones y sugerencias", que serán estudiadas para su inclusión en un texto final que sería primero remitido al Consejo de la Demarcación y, poco después, al Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Ministros.
La previsión de la confederación es que el documento se apruebe a finales de 2015 y entre en vigor desde enero de 2016, con un horizonte temporal de aplicación que llegaría hasta 2021.
"Todo" el plan es susceptible de mejora dentro de un documento, el que se discute, que a día de hoy no está aprobado, sino que es un borrador "abierto y vivo". Las fuentes consultadas han añadido que "para que el dragado se inicie antes de 2022, las disposiciones tienen que estar incluidas en la revisión de 2016".
