La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado hoy una fianza civil de 1,3 millones de euros para el exalcalde socialista de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo Montero Cabezas por la ayuda de un millón de euros que le concedió la Junta de Andalucía a la almazara que presidía.
El exalcalde, que ha declarado ante la juez Mercedes Alaya como imputado por los delitos de prevaricación y malversación, ha explicado que la ayuda se la pidió al exconsejero de Empleo José Antonio Viera en una reunión en la que también estaban el delegado de la Consejería en Sevilla, Antonio Rivas, y el gerente provincial del IFA, Manuel Enrique Contreras.
Tras su declaración, la Fiscalía ha pedido la fianza civil al exalcalde, que presidía la Sociedad Cooperativa San Sebastián de Guadalcanal.
La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, se ha adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que el PP ha dejado a criterio de la juez las medidas que se adopten, han informado fuentes judiciales.
La declaración del exalcalde se incluye en la ronda de citaciones que ha hecho para esta semana la juez respecto a 25 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, que recibieron 8,7 millones de euros de la Junta.
Antes que el alcalde, compareció ante la juez Luis Martínez Perea, de la Atarazanas de Constantina, para el que el fiscal pidió 600.000 euros de fianza civil, la misma cantidad que recibió de la Junta.
La juez también había citado como imputado a Manuel Fuentevilla, de Atarazanas de Constantina, que ha fallecido, y a José Montesinos Cabrera, de la misma empresa, que está enfermo y no ha podido comparecer.
Por estas subvenciones, la juez había imputado en principio a 35 personas de la comarca sevillana y amplió la acusación a catorce ex altos cargos de la Junta, entre ellos los consejeros Antonio Fernández y Martín Soler, que comparecieron el pasado 28 de abril y se negaron a declarar.
Las ayudas concedidas a la Sierra Norte tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.
