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Martes 05/11/2024
 

Sevilla

Villalobos lamenta que el Estado "congele" de nuevo la asignación

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La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha aprobado este jueves la distribución por municipios que, a través de este programa, el Estado destina a la provincia de Sevilla en el ejercicio de 2015. La asignación total asciende a 33.312.217 euros, manteniéndose el importe de los fondos asignados a Sevilla el pasado año.

   En este marco, el presidente en funciones de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha asegurado que "la Diputación es el alma de la gestión de los fondos de empleo rural en la provincia de Sevilla, y tan es así que existe una corresponsabilidad entre las administaciones nacional, autonómica y provincial en la que ésta última asume la dirección, coordinación y gestión del PER en cada uno de los 60 municipios sevillanos con los que tenemos convenio suscrito".

   Así ha querido expresar Villalobos la filiación que existe entre el PER y la Diputación tras haberse producido esta misma mañana el reparto de los fondos del POFEA para la provincia de Sevilla, que vuelven a ser 33,2 millones de euros como en estos tres años anteriores.

   De esta cuantía de 33,2 millones de euros, 26,7 millones van destinados a Garantía de Rentas y 6,5 millones de euros para Empleo Estable. Una cantidad total que es la que se destina a mano de obra. Por otra parte, recuerda la Diputación que la Junta de Andalucía aprobó recientemente 44,31 millones de euros para el pago de los materiales de las obras y servicios que realizarán los ayuntamientos durante este año con cargo al PER.

EL VALOR DEL PER

   Rodríguez Villalobos ha asegurado que "el PER seguirá este año mostrando su eficacia como instrumento inversor local y como política activa de empleo rural a pesar de que una vez más el gobierno central ha vuelto a congelar los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario a la provincia de Sevilla".

   La cifra de 33,2 millones de euros, los destinados al conjunto de los municipios sevillanos para este año, vuelve a repetirse de manera idéntica que en años anteriores. Ante este dato, Villalobos ha lamentado "ese menosprecio al mundo rural".

   El mandatario provincial ha asegurado que la gestión del PER supone un gran esfuerzo, el trabajo que realizan las 55 personas entre arquitectos, ingenieros, delineantes, encargados de obra, personal técnico, administrativos y auxiliares que trabajan en la sección de Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial de esta Diputación, y que para la Corporación provincial supone un gasto anual de 2,5 millones de euros. Un conjunto de trabajadores que como ha explicado Villalobos, "asumen día a día el esfuerzo de los proyectos que presentan los ayuntamientos, su gestión, coordinación y llevar a buen puerto las solicitudes que realizan los consistorios".

   El PFEA llega este año con la novedad de la rebaja desde 35 a 20 de las peonadas necesarias para el cobro del subsidio y la renta agraria, según aprobó el Consejo de Ministros atendiendo a la petición realizada tanto por partidos políticos como centrales sindicales para que se tuviera en cuenta el drástico descenso de la producción olivarera por la sequía del año anterior. Sin embargo, como ha expresado Villalobos "sigue siendo necesario un PER especial para Andalucía por la situación del medio rural, así como que los jornales de los planes de empleo de las diputaciones y los ayuntamientos también computen para tener derecho al subsidio".

   Rodríguez Villalobos ha expresado que "no solo es necesaria la reducción de peonadas, sino que la merma de producción agraria del presente año hace irrenunciable la puesta en marcha de un programa extraordinario de inversiones, para el que la Diputación de Sevilla está dispuesta a aportar su parte de cofinanciación de inmediato".

   "Es necesario que el Ministerio no considere las asignaciones del PFEA como subvenciones a los ayuntamientos, privando de las mismas a aquellos que mantienen deudas con la Seguridad Social o Hacienda", sino que "utilicen el criterio de que estos fondos son precisamente garantías de rentas, con un destino finalista para sostener el día a día de los eventuales agrarios, independientemente de la situación financiera de cada entidad local".

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