Dos exaltos cargos de la Consejería de Agricultura han declarado este jueves como imputados y han asegurado que el consejero del ramo --al que se refieren sin decir su nombre-- instó a "actuar" tras tener conocimiento de las irregularidades vinculadas a los procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir, en relación con la subvención de 40,1 millones que recibió en 2004 para la modernización de su red de riegos.
En su declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exdirector general de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura Francisco Ruiz Orta ha puesto de manifiesto que "las irregularidades en la licitación y primer adjudicación llegaron a su conocimiento no solo a través" de la propia comunidad de regantes "sino también verbalmente por comentarios que al respecto le hicieron funcionarios de su departamento o probablemente el propio delegado provincial".
En este sentido, Ruiz Orta ha aludido también a "una queja que llegó directamente al consejero de Agricultura procedente de la Cámara de Contratistas de Sevilla", ya que "empresas que concurrieron a la licitación se quejaron directamente al entonces consejero y el propio consejero se lo trasladó para que se actuara en consecuencia", aunque de esto último "no existe documentación formal documental en el expediente".
En su declaración, ha asegurado que libró el 1 de febrero de 2005 un oficio dirigido a la Delegación Provincial de Sevilla reclamando el documento que acreditara el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la subvención por parte de la comunidad de regantes, entre ellos que en el plazo de dos meses los regantes debían tener por aceptada la subvención, "y es a partir de ahí cuando esa Delegación Provincial tiene que cumplimentar este mandato y el modo y forma de llevarlo a efecto es algo que está al margen" del imputado y de su departamento.
Una vez firmado dicho oficio, "nunca supo más acerca de este asunto, lo cual le hace presuponer que todo estaba bien y que no hubo anomalías".
No obstante, de ese oficio "no podía deducir el que no se hubiese aceptado" por la comunidad de regantes la subvención concedida, añadiendo que "en la tramitación de este tipo de expedientes la documentación es muy amplia y hay que solicitar en muchísimas ocasiones y de forma rutinaria esa documentación a los solicitantes de las subvenciones".
NIEGA SU PARTICIPACIÓN
"Como no hubo constancia en su departamento del no cumplimiento, no existió ningún procedimiento de revisión del expediente fuera de plazo para la subsanación de defectos formales", ha declarado, insistiendo en que, en el procedimiento de licitación para la adjudicación de las obras que se llevó a efecto por la comunidad, él "no tuvo ninguna participación, ni en la conformación de la mesa de contratación ni del comité de evaluación ni del procedimiento que se siguió".
Además, y con relación a la licitación y adjudicación de las obras, es la propia comunidad de regantes, al tratarse de una corporación de derecho público, "la responsable de la adjudicación de las obras, sin ser preciso una ratificación de ningún órgano dependiente ni de la Delegación Provincial ni lógicamente de la Dirección Regional", por lo que ni el imputado "ni nadie de la Consejería de Agricultura tuvo una participación ni responsabilidad en la adjudicación a la UTE Teconsa-Elecnor-Meci-Tegner".
No obstante, ha admitido que, "al estar presentes en la mesa de contratación técnicos dependientes de la Junta como vocales, se tuvo conocimiento de irregularidades en la concesión de esta primera adjudicación, porque había alguna empresa que no reunía todos los requisitos de carácter administrativo, que era Meci", algo de lo que "ya informó la comunidad de regantes a través de un informe jurídico".
Tras ello, el exalto cargo ha señalado que envió ese informe jurídico y un oficio al presidente de los regantes "advirtiéndole de dos irregularidades: la adjudicación a una empresa no clasificada y haber adjudicado la obra no a la mejor oferta", tras lo que la comunidad de regantes anuló la preadjudicación y "tiempo después hace una segunda adjudicación" en la que él "no intervino para nada".
NO INFLUYÓ EN LA ADJUDICACIÓN A NINGUNA UTE CONCRETA
Ha aseverado, igualmente, que "no instó ni conminó a que se adjudicara la realización de las obras a ninguna UTE específica ni se indicaba denominación de ninguna empresa" y que "nunca efectuó ninguna llamada telefónica a la mesa de contratación indicándole cual debía ser la empresa adjudicataria" e "ignora si lo hizo alguien de su departamento".
En su declaración, ha afirmado que "el hecho de que se comience con proceso de licitación de obras e incluso que se empiecen a realizar las obras antes de que se hubiere otorgado por la Administración una subvención y cumplimentado los requisitos para la misma, era algo normal y habitual en aquella época e ignora si es conforme o no a las normas de procedimiento administrativo".
Este jueves también ha comparecido ante el juez el exjefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales Carlos Javier Rodríguez Pérez, quien ha dicho que pidió un informe al Servicio de Convenio y Contratación tras la denuncia de la Cámara de Contratistas "dirigida directamente" al consejero de Agricultura, quien lo "puso en conocimiento" de Ruiz Orta, que le pidió entonces que hiciese esa consulta.
Este imputado ha aseverado que "no intervino para nada" en la subvención concedida a la comunidad de regantes y ha negado que "ocultara algún fallo o irregularidad documental a un superior para que en ningún caso se revocara la subvención".
Así, ha admitido que sí intervino en la segunda adjudicación de las obras pero ha rechazado que efectuara ninguna llamada telefónica a la comunidad de regantes "a fin de que la UTE Befesa-Alpi fuese la adjudicataria", mientras que "tampoco conoce a nadie que hubiese efectuado una llamada telefónica de esas características".
UN IMPUTADO NIEGA HABER OBTENIDO "NINGÚN RENDIMIENTO ILÍCITO"
Además, "en ningún momento tuvo ningún conocimiento de ningún concierto o contrato de ninguna clase entre la adjudicataria y la UTE preadjudicataria para que esta última, en base a una subcontratación, realizara formalmente los trabajos de las obras", añadiendo que "ha desempeñado bien y fielmente su trabajo y por supuesto no ha obtenido ningún rendimiento ilícito".
Desde este jueves y hasta el próximo día 26 de junio, el instructor ha citado a un total de 21 imputados, entre ellos dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta. Así, este viernes están citados el exjefe de Servicio de Promoción Rural Julián Martín Jorreto; Diego García Santos, que era presidente de la Junta Rectora de la comunidad de regantes, y Juan Rafael Ruiz, entonces secretario de la misma.
