El juez que investiga la extinta sociedad municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM) de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por supuestos gastos privados o sin control cargados a sus cuentas ha librado oficio a las Cortes para que remitan testimonio del acta de diputado del alcalde, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE).
En la providencia, facilitada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el juez de instrucción 2 de Alcalá, Javier Francisco Alba, realiza esta consulta al apreciar en el alcalde de la localidad indicios de criminalidad expuestos en el atestado presentado por el Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil el pasado 18 de noviembre que señala presuntas irregularidades en la gestión de la sociedad pública Alcalá Comunicación Municipal.
El magistrado adopta esta decisión "visto el estado de las presentes actuaciones" y de manera especial el atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, por lo que ordena librar oficio a las Cortes Generales "a fin de que a la mayor brevedad posible remitan testimonio del acta de diputado" de Limones.
El atestado de la Policía Judicial de la Guardia Civil recogía que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social "enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, como su propio nombre indicaba".
El objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde "de forma indeterminada", aunque la jurisprudencia "es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado porque ello impide un conocimiento global de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad".
Según el atestado, esta empresa municipal era una "mera intermediaria entre el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y sus proveedores, a los que ACM contrataba, en los casos en los que había contrato, y pagaba cuando pagaba".
Una vez que el juzgado reciba el acta de diputado de Gutiérrez Limones, el juez enviará una exposición al Tribunal Supremo sobre los hechos que, a juicio del juez,debe conocer la Sala de lo Penal sobre la presunta actuación delictiva de este aforado.
