Los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla y su decano, José Joaquín Gallardo, participarán en la concentración ante el Ministerio de Hacienda convocada por el Consejo General de la Abogacía para el próximo día 13 de marzo a fin de reivindicar la "inmediata" retirada de la aplicación del IVA en la justicia gratuita.
Con esa misma pretensión, la abogacía española estudia además convocar huelgas del turno de oficio en todo el territorio nacional, según ha informado en declaraciones a Europa Press el propio José Joaquín Gallardo.
En esa manifestación, todos los colegios de abogados de España reivindicarán ante el Ministerio de Hacienda la "inmediata" retirada de la aplicación del IVA al servicio público de justicia gratuita, que a finales de enero pasado ha establecido la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante, cambiando el criterio histórico de que ese servicio público esté exento de IVA.
Al hilo de ello, Gallardo ha denunciado que ese nuevo criterio del Ministerio de Hacienda y Función Pública establece la obligatoriedad de que, a partir del 25 de enero pasado, los abogados que presten justicia gratuita deben facturar a los beneficiarios de los turnos de oficio y de las guardias el 21 por ciento de IVA, aún cuando la indemnización por la prestación de tales servicios la continuará atendiendo la administración pública competente, en el caso de Andalucía la Junta.
A su juicio, gravar con el IVA ese servicio público supone una "disparatada" interpretación de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que "en ningún caso resultaría aplicable" al sistema legal de justicia gratuita vigente en España.
Según ha indicado Gallardo, ello supondría una primera medida para "privatizar" un servicio público "esencial", siendo "disparatado" que los letrados deban facturar a los beneficiarios del servicio de justicia gratuita ese 21 por ciento de IVA, puesto que por definición son personas con insuficiencia de recursos económicos.
"INCOHERENTE" Y "ABSURDO"
En este sentido, ha subrayado que exigir el pago del IVA al beneficiario de este servicio supondría "una clara vulneración" del derecho fundamental al acceso a la justicia que asiste a toda persona, incluidas las que padecen insuficiencia de recursos económicos.
Gallardo considera que resultaría "incoherente" y "absurdo" que la indemnización sea pagada a los abogados por la administración y el pretendido impuesto sobre el valor añadido deba facturarse al ciudadano beneficiario del servicio, lo que supone "un grave dislate social, jurídico y fiscal" motivado por el "desconocimiento" de que esa actividad de los abogados de oficio "está fuera del mercado de la abogacía".
Y es que "constituye un servicio público prestado obligatoriamente por los abogados a través de sus colegios" e indemnizado por la administración "en cuantía muy inferior a los precios que rigen en el mercado libre de la abogacía", por lo que "en ningún caso puede considerarse actividad económica a efectos de IVA", ha concluido José Joaquín Gallardo.
