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Viernes 22/11/2024
 
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Sevilla

Empadronarse en trasteros o alquilar piso sin vivir, todo por el cole

Los fraudes detectados en Sevilla para alcanzar plaza escolar van desde empadronarse en un local comercial hasta separarse legalmente aunque siga la convivencia

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  • En el colegio -

Empadronarse en un trastero o un local comercial, alquilar un piso en el que no se vive desde un año antes e incluso separarse legalmente aunque la pareja siga conviviendo son algunos de los fraudes detectados por la Policía Autonómica que cometen algunos padres para lograr plaza en el colegio deseado.

Sólo en Sevilla, este curso, la Policía Autonómica -un cuerpo de la Policía Nacional adscrito a la Junta de Andalucía- ha investigado 140 denuncias del medio millar recibido por la Delegación de Educación de padres cuyos hijos se han quedado fuera del centro elegido y que consideraban que habían entrado niños cuyos progenitores habían falseado datos para obtener puntos, según datos aportados a Efe por este cuerpo.

La Delegación de Educación realiza un primer filtro de las denuncias y ordena a la Policía Autonómica investigar aquellos casos en los que ve indicios de que realmente se haya producido un fraude o no se han podido comprobar los datos aportados por las familias para obtener plaza.

Así, la Policía Autonómica ha investigado 140 denuncias para lo cual ha comprobado 149 domicilios de los que 30 han resultado ser "incorrectos o fraudulentos", seis "dudosos" y en cuatro casos los denunciados han anulado la matrícula por iniciativa propia.

Según ha explicado el coordinador de la unidad policial encargada de estas investigaciones, Antonio Burgos, el fraude más frecuente es aportar como vivienda del niño el domicilio de un familiar próximo al colegio elegido, normalmente una abuela o unos tíos.

Pero también poner como domicilio un piso alquilado, "a veces incluso desde hace un año", pero que al personarse los agentes comprueban que está claramente vacío "sin muebles" y cuyos vecinos declaran que no vive nadie en ellos.

El número de denuncias y casos investigados se mantiene respecto a otros cursos pero lo que sí constata Burgos es que "la gente cada vez elabora más sus coartadas".

En años anteriores, la Policía Autonómica se ha encontrado con casos de familias empadronadas "hasta en trasteros" y en locales comerciales vacíos.

"Incluso hay parejas que se separan legalmente para obtener puntos por familia monoparental y hemos constatado que siguen conviviendo juntos", ha relatado Burgos.

En el caso de los pisos alquilados expresamente para la escolarización -los puntos se obtienen por proximidad con el domicilio habitual- hay casos muy evidentes porque están sin amueblar, los vecinos declaran que no vive nadie y en algunos "se ve hasta el polvo acumulado".

Pero otros resultan más difíciles de determinar, de ahí los casos "dudosos", ya que se ve que la casa no cuenta con espacio para niños y los denunciados son incapaces de mostrar un recibo de suministros como la luz o el agua a su nombre en ese domicilio pero puede estar alquilado a su nombre desde un año antes.

Toda una inversión teniendo en cuenta que en Sevilla los principales problemas de escolarización se presentan en colegios concertados del barrio de Nervión, de clase media-alta donde los alquileres mensuales superan los 700 euros.

Junto a los alquileres de pisos vacíos, la otra estrategia principal es poner en la solicitud de plaza el domicilio de un familiar.

De nuevo la inspección ocular de los agentes y los testimonios de los vecinos resultan claves, ya que permite comprobar que en las casas no hay cuartos infantiles que indiquen la presencia habitual de niños y los vecinos constatan que no hay menores viviendo en ellos.

El fraude en la solicitud de plaza en un centro escolar, una vez constatado, supone la inmediata retirada de los puntos obtenidos en base al dato falseado, se anula la plaza asignada y el menor afectado es reubicado en otro centro.

La Junta llegó a plantearse hace años sancionar a las familias que falsearan datos e incluso llevarlos a la Fiscalía y hasta el Defensor del Pueblo Andaluz pidió que se adoptaran medidas contra los padres 'mentirosos' pero finalmente la Consejería de Educación rehusó esta vía sancionadora.

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