El grupo municipal del PP ha afeado hoy al alcalde de la ciudad no haber tomado “medidas urgentes” con las que “cerrar la puerta” a más “fraudes” alimentarios, en alusión a todo lo que rodea a la crisis protagonizada por los productos comercializados por la empresa sevillana Magrudis. “Espero que no haya más Magrudis en la ciudad”, ha manifestado el portavoz Beltrán Pérez, tras insistir en que la falta de medidas de corrección dejan “margen” para posibles nuevos fraudes.
La responsabilidad no es de los funcionarios. El problema está en la cantidad de personal que hay en el servicioBeltrán Pérez, en rueda de prensa tras la primera reunión con su equipo municipal tras las vacaciones, ha reclamado la comparecencia pública de Juan Espadas, sin descartar “ningún otro mecanismo institucional” al alcance de la oposición, con el fin de que en Sevilla “se garantice la seguridad alimentaria”.
Pérez ha acusado al alcalde de “negligencia” en la gestión de Magrudis y ha eximido de cualquier responsabilidad a los funcionarios del servicio de inspección. De hecho, el PP califica de “inadmisible, irresponsable e impresentable” que Juan Espadas no haya reforzado de manera inmediata el cuerpo de inspectores que tienen la tarea de controlar a las empresas cuya actividad es similar a Magrudis. Frente a los 150 técnicos que tiene la Junta de Andalucía, lo que permite una ratio de un técnico por cada 8.000 habitantes, el Ayuntamiento de Sevilla dispone de 13 inspectores, lo que se traduce, según los cálculos del PP, en un técnico por cada 54.000 habitantes.
“La responsabilidad no es de los funcionarios. El problema está en la cantidad de personal”, ha subrayado Beltrán Pérez, que preguntado sobre si este cuerpo de inspectores se ha reducido o mantenido con respecto al mandato del exalcalde Zoido, con el que compartió tareas de gobierno, ha dejado claro que “si había un déficit en el servicio, el alcalde Juan Espadas ha tenido cuatro años para solucionarlo”.
El PP tacha la actitud del alcalde de un “acto de cobardía”, así como lo acusa de haber “ocultado” información a la Junta de Andalucía. “Debe ser decisión de la Junta si denuncia o no” esta posición del Gobierno municipal ante las pruebas y su difusión.
El portavoz municipal ha resaltado los tres “incumplimientos” más graves de Magrudis. En primer lugar, la ausencia de licencia de actividad durante tres años y el hecho de que en 2016, cuando se le hace la primera inspección, “no se detectara por parte del Ayuntamiento que no tenía dicha licencia”. En segundo lugar, que 18 meses después de ese primer control, no se volviera a hacer una inspección, “como es obligatorio”. Y, por último, que se le concediera en 2018 la licencia de actividad con una declaración responsable que, según el PP “nunca debió admitírsele”.
