Tras la resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que señala la "imperiosa necesidad de definir el destino y uso final" del antiguo puente basculante de Alfonso XIII, construido con motivo de la exposición iberoamericana de 1929, propiedad del Puerto de Sevilla e instalado en una parcela colindante a la avenida de la Raza, ha sido emprendida una recogida de firmas en la plataforma digital Change.org, en demanda de su recuperación e instalación en el cauce vivo del Guadalquivir para conectar la capital andaluza con Camas.
"Tras 27 años de abandono, va siendo hora de instar a las Administraciones autonómicas y locales a que intercedan y actúen para evitar que siga deteriorándose y se inicien los estudios y proyectos pertinentes para ubicarlo en el lugar que ocupa actualmente el más que deteriorado puente ferroviario que unía Sevilla con Camas, el Puente de la Señorita, y que se le de un uso similar al puente de Hierro de San Juan de Aznalfarache", se resume en esta petición promovida por un vecino de Camas y recogida por Europa Press.
En su resolución fechada el pasado 24 de julio y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta del resultado de la nueva actuación de oficio incoada a finales de 2018 por dicha institución, en torno a esta emblemática obra de ingeniería civil cuyo futuro sobrevuela cíclicamente el debate público de la ciudad de Sevilla.
El antiguo puente basculante de Alfonso XIII o simplemente "de hierro", vestigio de la era de la exposición iberoamericana de 1929, fue cerrado al tráfico rodado y humano en 1992 al ser sustituido por el puente de las Delicias. Ya en 1998, fue desmantelado y tras pasar unos cinco años en el muelle de las Delicias, en 2003 fue depositado en un espacio vallado ubicado en la avenida de la Raza y perteneciente a la Autoridad Portuaria, que ostenta la titularidad de esta infraestructura metálica que otrora formaba parte del paisaje fluvial de Sevilla.
Si bien el puente no goza de una declaración de bien de interés cultural (BIC) ni está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, sí contaría con un nivel de protección "global" a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, pero por su ubicación en el sector Puerto del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad.
"En base a esta adscripción, el bien ostenta un régimen de protección que implica a cargo de su propiedad el realizar las obras de conservación y adaptación necesarias para adecuarlo a sus condiciones estéticas, ambientales, de seguridad, salubridad y ornato público exigidas en las normas", precisa la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.
LA ACTUACIÓN ANTERIOR POR LOS EXPOLIOS
Al respecto, dicha institución rememora que en una actuación de oficio anterior acerca de la situación del puente, donde fue denunciado el "robo masivo de las barandillas de hierro y de las bolas características que decoraban los pasamanos", solicitó a la Autoridad Portuaria de Sevilla que como propietaria del bien en cuestión extremase "las medidas de vigilancia y protección del puente".
A la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento de Sevilla, en paralelo, reclamaba "las medidas de control y seguimiento del estado de conservación", solicitando a las tres instituciones en su conjunto que promoviesen "estudios que permitan diseñar un proyecto de instalación, puesta en valor y conservación del puente de Alfonso XIII, acordes con sus características y elementos de interés cultural".
A partir de ahí, el departamento de Maeztu detalla que durante la instrucción de su nueva actuación, ha trascendido que "los contenidos del Plan Estratégico del Puerto de Sevilla no señalan una definición específica para este elemento, ni atribuyen a la parcela donde se ubica provisionalmente un uso que resulte especialmente protector de este puente en relación con los usos de parcelas colindantes que pudieran resultar inadecuados para la preservación de sus valores".
Y fruto de sus contactos con el Puerto de Sevilla, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento hispalense en el marco de esta nueva actuación de oficio, la Delegación Territorial de la Consejería ha contestado que la Autoridad Portuaria, "como propietaria del bien, es el ente encargado de cumplir las medidas de vigilancia y protección del puente".
"AGILIZAR" LAS MEDIDAS
La Administración andaluza, además, se habría comprometido a "mediar para agilizar que se lleven a cabo las medidas ya establecidas o para estudiar nuevas propuestas, en el ámbito de sus competencias, tal como se ha venido haciendo hasta ahora", mientras la Autoridad Portuaria defendía de su lado que mantiene "medidas de seguridad y vigilancia, con cerramiento perimetral incluido, de acuerdo con sus competencias propias", solicitando "el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en orden a que se incremente la vigilancia y actuaciones en el ámbito" donde se localiza el puente.
Del mismo modo, la Autoridad Portuaria alegaba frente a la institución de Maeztu que está "colaborando y cooperando con las Administraciones con competencias al respecto" para la "definición y materialización de medidas que puedan culminar con un nuevo proyecto, incluso de iniciativa y financiación privada, que incluya la puesta en valor del denominado 'Puente de Hierro' y su utilización como mirador público de la zona portuaria y/o elemento central de referencia".
El Consistorio, de su lado, señalaba el papel de la comisión constituida entre las tres partes "para la puesta en valor y conservación del puente de Alfonso XIII", asegurando que "una vez avanzados los trabajos de análisis sobre los valores del puente, se impulsarán aquellas propuestas que sean viables, desde el punto de vista patrin1onial y urbanísticos".
Aceptando las respuestas de estas instituciones, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz señala, no obstante, "la imperiosa necesidad de definir el destino y uso final que las autoridades otorguen a dicha estructura", pues tras esta actuación de oficio que sigue a la anterior acerca de los expolios perpetrados en el puente, las administraciones "vuelven a remitirse a futuras e imprevisibles decisiones que pueden de nuevo prolongarse en el tiempo".
