Una antigua encargada de la tienda oficial que el Real Betis tiene junto al estadio Benito Villamarín se enfrenta a una posible condena de cuatro años de cárcel por presuntamente quedarse con casi 80.000 euros correspondientes a falsas devoluciones de productos.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de juzgar a M.M.M.L., que dirigía la tienda ubicada en la calle Doctor Fleming, junto a la esquina entre Preferencia y el Gol Norte del estadio verdiblanco, y que a mediados de 2018 tuvo "la intención de obtener unas ganancias de manera ilícita", según refleja la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Efe.
Para ello, "aprovechando" que gracias a su puesto "tenía acceso al ordenador y a la caja" del establecimiento y al número de registro del resto de empleadas, "elaboró un sistema para hacerse con parte de la recaudación diaria".
Así, según enumera el Ministerio Público, entre el 3 de agosto de 2018 y el 21 de abril de 2019 realizó 280 devoluciones que en realidad no eran tales, 120 "con un método de pago diferente al de la compra" o 60 de "tickets repetidos".
También efectuó 72 devoluciones que hizo constar como si se hubiesen producido durante la celebración de algún partido, a pesar de que en ese lapso "la tienda está cerrada", como recuerda la acusación pública.
Los efectos "supuestamente devueltos" eran de la marca Kappa, cuya distribución estaba autorizada en la tienda al tratarse de un proveedor oficial del Betis, con el que la firma italiana precisamente había llegado a un acuerdo ese mismo verano para retomar una relación mercantil que años antes ya se había prolongado desde 1995 a 2009.
La Fiscalía apunta que la investigada se hizo "en total" con 78.537,24 euros "que no ha reintegrado".
El Ministerio Público atribuye a M.M.M.L. un delito continuado de estafa, en el que el valor de la defraudación supera los 50.000 euros, en concurso medial con otro delito también continuado de falsedad en documento mercantil y solicita para la acusada cuatro años de prisión y una multa total de 2.160 euros, a razón de seis diarios durante doce meses.
También reclama que indemnice a Kappa con la misma cantidad de la que supuestamente se apropió.
