Un laboratorio distribuía fármacos ilegales por varios continentes

La Guardia Civil ha desmantelado una trama internacional liderada por un laboratorio de Teruel que distribuía medicamentos ilegales por países de varios continentes, fabricados en India y China pero con etiqueta de marca española, y ha detenido o investigado a 16 personas en varias provincias.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, se trata de la operación Ayúrveda, que ha puesto al descubierto una organización que comercializaba medicamentos falsos para dolencias graves, como leucemia, psicosis, síndromes de ansiedad o afecciones cardíacas.

Fármacos como la penicilina, heparina, vincristina y morfina eran algunos de estos medicamentos falsificados por la trama, que ha sido desarticulada tras la denuncia de un laboratorio iraní que, tras haber encargado y pagado 70.000 euros por una remesa de medicamentos al laboratorio español, nunca llegó a recibir el pedido ni le devolvieron el dinero que había abonado por ellos.

Tal y como han explicado a Efe fuentes de la investigación, el propietario del laboratorio Desarrollos Farmacéuticos Bajo Aragón (Defabar), ubicado en Alcorisa (Teruel), era el cabecilla de la trama y el administrador único de otro laboratorio, Raga, ubicado en la misma sede que el anterior.

A este hombre, de unos 56 años, el juez que se ha hecho cargo del caso le ha retirado el pasaporte y cada quince días tiene que presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz (Teruel).

Los agentes de la Sección de Consumo y Medio Ambiente (Secoma) de la Unidad Central Operativa (UCO) son quienes han llevado a cabo la operación, desarrollada también en Barcelona, Castellón, Sevilla, Valencia y Madrid en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que la Oficina de Investigación Criminal de la Food & Drugs de EEUU vinculaba a ese mismo laboratorio de Teruel con otro ubicado en Mumbay (India), implicado en el tráfico ilícito de medicamentos con destino a Estados Unidos para su exportación a Latinoamérica.

Las fuentes han precisado a Efe que, en una primera fase, el propietario del laboratorio, que al menos venía actuando de forma ilícita desde 2012, introducía los principios activos de medicamentos desde India y China para después acondicionarlos en España y distribuirlos a países con una legislación más laxa en esta materia que Estados Unidos o la Unión Europea, donde la normativa es muy exigente.

Pero a medida que cogió confianza, todo el proceso, incluido el etiquetado, se hacía en los laboratorios de esos países asiáticos con los que tenía esa relación. Unos laboratorios autorizados en esos países, pero que no contaban con la certificación europea.

El detenido contactaba con distribuidores legales de países con legislación más flexible, como Arabia Saudí, Congo, Irán, Líbano o Panamá, para su distribución.

Hasta esos países llegaban los medicamentos, con la etiqueta de fabricados en España -lo que les daba garantía de legalidad- y con el prospecto en el idioma correspondiente, que previamente se confeccionaba para que todo pareciera lícito.

Siempre se transportaban en avión y por puertos francos, de tal manera que se eludía el control si en el tránsito se incluían países europeos porque, en realidad, no tocaban suelo comunitario salvo el del aeropuerto correspondiente.

Los investigadores han constatado que la trama no sólo ha movido medicamentos que han podido elaborarse de forma poco ortodoxa, sino que además los han distribuido sin las medidas sanitarias de conservación y transporte.

Como ejemplo, las fuentes han citado el caso de los medicamentos de heparina, que tienen que ser transportados por vía aérea con termómetros para controlar su temperatura.

Aunque no se ha cuantificado aún la cantidad de fármacos que han sido distribuidos de forma ilegal, los agentes del Secomado han comprobado que algunos envíos llegaban a ser de 300 kilos.

Medicamentos ilícitos que, sin embargo, acababan en el circuito legal del país receptor, toda vez que es el Gobierno correspondiente el que hace el pedido a través de un distribuidor nacional legal (con el que contactaba el laboratorio de Teruel).

Los delitos a los que se acusa al cabecilla y a los detenidos e investigados son contra la salud pública, blanqueo de capitales y estafa.