Juan Carlos Campo ha gozado de la confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, Susana Díaz y Pedro Sánchez en una fulgurante carrera que le ha llevado a ser director general de Justicia con el ex presidente del Gobierno, secretario de relaciones con el Parlamento andaluz en pleno estado de incertidumbre por las imputaciones de Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el escándalo de los ERE, y finalmente ministro en poco más de diez años.
A diferencia de otros magistrados estrella, como Fernando Grande-Marlaska, no queda bien en televisión ni gasta brillante oratoria. De hecho, saltó a las pantallas y los periódicos por el debate sobre la prisión permanente revisable, cuando cargó contra PP y Ciudadanos con los padres de las víctimas acomodados en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados. “Las víctimas no pueden ser utilizadas, ni ellas ni su dolor y eso es lo que están haciendo”, acusó a las formaciones de centro-derecha y concluyó su intervención asegurando que aquella sesión sabía “a ira, a rabia, a sed de venganza”.
Esta semana ha estado igualmente desafortunado cuando aseguró en el hemiciclo que España vive una crisis “constituyente”. Pese al desconcierto que crearon sus palabras, Campo insistió al referirse a la pandemia. “Una crisis sanitaria con brotes económicos, pero que realmente lo que determina es una crisis constituyente”, aseguró. Palabra por palabra.
El notario mayor del Reino da fe, pues, de que quienes hemos sostenido que el Gobierno de coalición está aprovechando el estado de alarma para desmontar lo que Pablo Iglesias denomina régimen del 78 estamos, lamentablemente, en lo cierto. Alcanzar el objetivo obliga a desplegar una estrategia que pasa por deslegitimar las instituciones del Estado, desde el Rey a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el Ejercito, la Justicia si no es favorable, y cualquier otra que se resista a los planes de transformación de España en otra cosa, al que, mientras le buscan nombre, podríamos denominar Expaña.
En Expaña, Arnaldo Otegi es hombre de paz y Gabriel Rufián embajador de Cataluña. Se monitorizan las redes sociales para combatir el clima adverso al Gobierno. En Expaña se borran muertos por coronavirus de las estadísticas y de la memoria colectiva sin pudor ni responsabilidad política, administrativa y/o penal y se reescribe el pasado para ganar batallas y convertir en villanos a quienes dirigieron al país de la dictadura a la democracia de la ley a la ley.
No hay dos gobiernos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comparten metas y aprovechan la incomprensible predisposición de Ciudadanos para blanquear su imagen. Pero cada acuerdo con Inés Arrimadas está suscrito previamente con quienes jamás pactarían con la formación naranja. Fingen, han creado una realidad paralela, la que muestran cordialmente en televisión, la que no asusta, la progresista. Pero la otra, en la que se está moviendo el poder real, se adivina cuando ministros como el de Justicia desbarra. Y es siniestra.
