La Conselleria de Justicia llama a operadores jurídicos para analizar caso de Sueca

La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana ha convocado este miércoles a responsables de los distintos operadores jurídicos que actúan en la región a una reunión para analizar posibles disfunciones en el caso del asesinato de un niño de 11 años a manos de su padre en Sueca.

Según ha asegurado la consellera, Gabriela Bravo, "han fallado muchas cosas" y ha subrayado que le resulta "bastante incomprensible" que "el letrado o letrada que asistía a la madre del menor" en el proceso de divorcio no tuviera conocimiento de que había sido víctima de malos tratos y de que existía una condena a su exmarido.

Bravo ha hecho estas declaraciones en la Ciudad de la Justicia de Castelló donde ha asistido a un minuto de silencio para condenar este asesinato "cruel" y mostrar "todo nuestro apoyo y solidaridad con la familia, especialmente con esa madre a la que se ha querido acabar con su vida en vida".

Por su parte, la portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez, se ha limitado a responder durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes que es necesario seguir invirtiendo en la administración de justicia e incrementar el presupuesto para combatir la violencia machista.

La consellera valenciana ha añadido que ha llamado a una reunión a todos los operadores jurídicos -de judicatura, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atención a las víctimas, el instituto de medicina legal- para "analizar y evaluar qué es lo que ha pasado y por qué, a pesar de que ella denunció, no hemos sido capaces de detectar al monstruo y el riesgo que corría esa mujer, y sobre todo ese menor, y no podernos anticipar".

Bravo ha señalado que en este caso "han fallado muchas cosas" y la primera, ha dicho, la comunicación entre las partes.

También le resulta incomprensible que "no se adopten medidas sobre la vivienda habitual y que en ningún momento se comunique que hay un procedimiento de separación", así como que, "ante un monstruo de esa entidad, tampoco seamos capaces de detectar el verdadero riesgo que está sufriendo esa víctima y ese menor".

La consellera se ha mostrado crítica con los juicios rápidos, los procesos mediante los cuales se dirimen habitualmente las causas de violencia machista, porque "no son los procedimientos más adecuados para poder analizar todo lo que está pasando".

En este caso, ha indicado, "esa mujer entró en el juzgado a las 9.00 de la mañana y salió a las 14.00 con una sentencia en la que únicamente se centra en los hechos probados" y "con una pena determinada en base a ellos", a ocho meses de alejamiento que acababan este mes.

"La comunicación hay que mejorarla y que los juzgados puedan tener esa interconexión, aunque en este caso sí que tenían acceso al sistema que permite conocer las resoluciones que dicta un juzgado de violencia, porque es un partido judicial mixto", ha asegurado.

No obstante, ha puntualizado "que se pueda acceder no significa que estuviera obligado", por lo que "lo importante, más allá de tener acceso, es establecer un protocolo para que todos los jueces de familia tengan la capacidad de poder acceder, algo tan fácil como generarles el usuario por parte del Ministerio de Justicia".

Tras asegurar que todo esto "lo analizaremos mañana" ha agregado que el Consejo General del Poder Judicial "tiene ahí un papel importante en "mejorar esos procesos".

Bravo ha indicado que "no podemos consentir que esto siga sucediendo", aunque aquí "hay solo un culpable, el maltratador y presunto asesino, pero las administraciones tenemos la obligación de poner en marcha todos los recursos y asumir la autocrítica".

En este caso, ha indicado la consellera, "se presenta primero una demanda de mutuo acuerdo y con posterioridad ella denuncia". Entonces, ha agregado, "imagino que la víctima tendría dos letrados, el civil y el penal", y en el penal "incomprensiblemente nadie pregunta, ni siquiera las partes, en qué situación están".