sentencia
La controversia tiene su origen en los cinco años que la empresa privada CESPA obtuvo una concesión del Partido Popular para prestar el servicio de limpieza viaria en Baeza.
En concreto, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Jaén ha dictado una Sentencia en este mes, respecto de la reclamación que la empresa CESPA hacía al Ayuntamiento de Baeza para el pago de 824.220,81 euros de principal y 173.355,52 euros de intereses y a la que el Ayuntamiento se oponía argumentando que la mala prestación de los servicios de esta empresa y los incumplimientos de la misma, le habían ocasionado unos gastos a la entidad local de 511.436,37 euros.
El Juez entiende que quedan probados los incumplimientos en la prestación del servicio y que de la cantidad que reclama la empresa, hay que descontar lo que el Ayuntamiento tuvo que pagar, de modo que finalmente la deuda queda en 312.784,44 euros.
El concejal de hacienda del Ayuntamiento afirmó que ha quedado probado que la decisión que en su día tomó el Partido Popular con el voto en contra del PSOE fue una decisión nefasta para el municipio, no solo porque jamás se prestó un buen servicio en esos cinco años, sino porque además en toda esa legislatura, se pagaron cuatro mensualidades, dejando el resto pendiente, con lo que la deuda se la quedaba el que llegaba detrás, pero que en definitiva la deuda se la quedaba el pueblo de Baeza.
Destacó asimismo que es significativo que uno de los elementos principales de prueba en el juicio haya sido la moción que el grupo PSOE presentó en el pleno de septiembre de 2006, en el que indicaba los incumplimientos que a esa fecha hacia la empresa, y proponía ya entonces la rescisión del contrato. Sin embargo el PP la rechazó y ahora, cuatro años más tarde, “lo que hay es un juicio en el que en primera instancia se vuelve a confirmar los razonamientos del PSOE”.
“En definitiva, un ahorro de cerca de cien millones de las antiguas pesetas, si se consideran los intereses, que se ha ahorrado el municipio de Baeza y sus vecinos”, lo que en palabras del concejal significa “que unos se metían en los charcos –el PP- y ahora nos toca a nosotros salir de ellos”.
convenio con el catastro
En otro orden de cosas, el Concejal de Hacienda recordó que hace ya un año, el 18 de mayo de 2009, se firmó tras una serie de pasos previos que se iniciaron en 2008, el Convenio entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Baeza en materia de Gestión Catastral.
Desde la firma del Convenio, el número de unidades de urbana que han pasado al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria es de 910 de las cuales algunas ya están puestas al cobro.
A esa cantidad habrá de añadirse cerca de 600 unidades que a fines de año, la Dirección General del Catastro se ha comprometido a tramitar, lo que hace que en un año y medio de vida del Convenio, el total de unidades de urbana suba en Baeza algo más de mil quinientas, que de ahí en adelante formarán parte del padrón de la conocida como "contribución urbana".
Los ingresos anuales extra que para el Ayuntamiento puede suponer esta puesta al día podrán andar entre los 200.000-300.000 euros al año, además de que el ingreso inicial, (dado que las deudas tributarias precriben a los cuatro años), podrá rondar el millón de euros.
Con esto se demuestra, en palabras del Concejal de hacienda, “el grado de desidia que se alcanzó en la legislatura anterior en la que el PP no tuvo la imaginación ni las ganas de trabajar y agarrar este toro por los cuernos, y se acumuló una bolsa de viviendas que no pagaban a pesar de contar con los servicios de las que sí pagaban.
Edificios, bloques enteros e incluso manzanas y promociones que no tributaban nada, no tanto por la voluntad de los propietarios de las viviendas como por la falta de actividad del PP en la solución de los problemas”.
Con esta inclusión, añadió Fernández Galiano, se gana en solidaridad en el mantenimiento de los servicios públicos, puesto que todos contribuyen y no se quedan viviendas fuera.
Es destacable, continuó, que cuando termine el año serán unas 1.500 unidades de urbana las que se cargarán, “de modo que si se compara con municipios de similar población como La Carolina o Bailén, en las que en 2009 las cifras oficiales de cargos fueron de 433 y 392 respectivamente, nos damos cuenta del trabajo desarrollado por parte del Ayuntamiento y de la Dirección General del Catastro”.
huelga general
Por otra parte, José María Fernández Galiano quiso informar de la repercusión que tuve en el Ayuntamiento. Según el concejal, en las administraciones en general el seguimiento ha sido muy bajo, en el Consistorio en concreto, señaló que han sido dos laborales fijos y dos laborales eventuales los que han secundado la huelga, “con un volumen de 350 trabajadores en nómina en este Ayuntamiento, estamos hablando de 4 personas sobre 350, es decir, un poco más del 1% de seguimiento. Esa ha sido la incidencia y la decisión libre de estos trabajadores el pasado día 29 de septiembre”, concluyó.