El PSOE ha presentado denuncia en el juzgado contra el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, por dejar en manos de un privado el vertedero de propiedad municipal, y por la no aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Retirada, Transporte y Tratamiento de Residuos Inertes -gestión de la que se ocupaba la empresa pública municipal Gama-, a pesar de que dicha ordenanza continúa en vigor y no ha sido derogada.
“A través de dicha denuncia hemos puesto en conocimiento de la autoridad judicial y la fiscalía que el consejo de administración liquidador de Gama, S.L., presidido por Jorge Romero, ha cedido a una empresa particular, para su propio lucro, el vertedero de inertes, unas instalaciones que son de titularidad municipal, sin que el Ayuntamiento sea perceptor de compensación alguna por ello y sin que haya habido proceso legal de adjudicación, contraviniendo la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas”, señalan desde el grupo socialista.
El PSOE recuerda que “dicho vertedero se encuentra ubicado en unos terrenos que fueron expropiados por la administración municipal y obtenidos, por tanto, por debajo del precio de mercado para ponerlos a disposición de la empresa adjudicataria del servicio de recogida, transporte y tratamiento de inertes”. Y recuerda igualmente que “tanto la inversión para la adquisición del suelo como para la construcción del complejo se ha financiado con el precio cobrado por dicho servicio, como reza en el contrato a través del que se formalizó la concesión”.
Los socialistas también han puesto en conocimiento del juzgado que el Ayuntamiento lleva 22 meses sin cobrar la referida tasa. Hecho que atribuyen “a una decisión arbitraria del actual alcalde, con la aquiescencia de su equipo de gobierno, y que, según los estudios económicos realizados, ha supuesto ya un perjuicio para las arcas municipales de al menos de 4 millones de euros”.
“Una vez retirada la encomienda de gestión a Gama, la responsabilidad de prestar y gestionar el servicio recae en el Consistorio, que, bien de forma directa, o bien de forma indirecta, mediante convenio con terceros, u otro procedimiento, tiene la obligación de asumirlo, por imperativo legal, y cobrar el precio por llevarlo a cabo”, explican desde el PSOE.
Para los asesores jurídicos del grupo municipal socialista, “las actuaciones de Romero en este asunto pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación, que conlleva pena de inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público por un período de 7 a 10 años. También pueden ser constitutivas de un posible delito de fraude contra la administración pública, que, además de inhabilitación, conlleva pena de prisión de 1 a 3 años, y un posible delito de alzamiento de bienes, castigado igualmente con cárcel”.
