La juez que investiga a Manuel Ruiz de Lopera por su gestión en el Betis ha aplazado al próximo 23 de diciembre su comparecencia como imputado, prevista para mañana, en la que va a acusarle de un nuevo delito de imprudencia punible cometido, presuntamente, al intentar vender las acciones del club.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, ha aplazado la declaración a petición del abogado de Lopera, que tiene mañana otro compromiso profesional fijado de antemano.
Lopera ya está acusado de delitos societario y de apropiación indebida en su gestión del Betis entre 1992 y EL 2010, y ahora va a ser imputado de presunta imprudencia punible en la venta de una parte de las acciones del club, a petición de una de las plataformas que lo acusan.
Dicho delito derivaría de que, una vez iniciado el procedimiento judicial contra Ruiz de Lopera, éste dio instrucciones a su empleada -ya imputada- Ana María R.P., administradora única de la empresa Farusa, para intentar vender las acciones que poseía.
Su objetivo sería evitar que las acciones fuesen controladas por el juzgado y garantizar así la vuelta de Ruiz de Lopera a la gestión del club.
Con ocasión de su última comparecencia judicial, el pasado 14 de noviembre, la juez Alaya imputó a Lopera por haber considerado el Betis como "una fuente inagotable de negocio", del que obtuvo beneficios de 25 millones de euros a través de sus empresas Tegasa y Encadesa y lo perjudicó en la misma cantidad.
El caso se encuentra en las últimas fases de la instrucción después de que el pasado 18 de noviembre el exvicepresidente Ángel Martín se acogiese a su derecho a no declarar, al cerrar una ronda de comparecencias de los ocho imputados.
Según un informe de los peritos judiciales, en las temporadas 1999 a 2008 Lopera perjudicó económicamente al Betis en 17 millones de euros y en otros 12,4 millones de euros en las temporadas 1993-98.
En estas diligencias están imputados el propio Ruiz de Lopera, el exvicepresidente Ángel Martín y otros seis acusados, trabajadores contratados por el ex máximo accionista del club o supuestos testaferros de sus empresas.
