El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha acordado un gasto de 677.486,30 euros para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete que condena a este organismo público, a pagar a la constructora 'Sando' dicha cuantía más otros 300.000 euros en concepto de intereses de demora. Se trata de una sentencia firme que responde a la demanda promovida por la empresa por una "revisión de precios" del contrato de obras del 'Proyecto Básico y Ejecución para la Regeneración y Adecuación de la Alameda de Hércules'.
La reurbanización de la emblemática Alameda de Hércules, cuyas obras comenzaron los primeros días de noviembre de 2005 a manos de la compañía constructora 'Sando' bajo el diseño del arquitecto José Antonio Martínez Lapeña, fue inaugurada oficialmente en diciembre de 2008 tras más de tres años de obras y 14 meses de retraso conforme al plazo inicial de 20 meses de duración. El coste de las obras, en ese sentido, estaba inicialmente fijado en 7.051.796 euros pero creció casi un 30 por ciento.
Las obras en cuestión, según el Ayuntamiento, no fueron recepcionadas hasta el 10 de octubre de 2009, mediando un proyecto modificado por el que se prolongó la fecha de finalización de los trabajos, prevista inicialmente para febrero de 2008. La revisión de precios, derivada a partir del primer año de duración del contrato y hasta la finalización de éste, "no se hizo en las certificaciones contractuales ordinarias, sino que se incorporó a la liquidación del contrato", según expone el Consistorio.
La sentencia en cuestión, en ese sentido, considera que la Administración debió incluir la revisión de precios "en cada una de las certificaciones mensuales ordinarias" y no esperar a la liquidación final, por lo que al no hacerse así, "se devenga el derecho al abono de los correspondientes intereses de demora".
HAY QUE PAGAR
En consecuencia, la Gerencia de Urbanismo debe hacer frente ahora al abono de la cantidad reconocida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete por este desfase en los pagos producido durante la ejecución de la obra, finalizada hace más de cuatro años. La sentencia condena además a la Gerencia de Urbanismo a abonar los intereses moratorios, más los intereses de los intereses moratorios desde la interposición del recurso contencioso-administrativo, cantidad que sitúa en torno a los 300.000 euros.
Este miércoles, así, la Gerencia de Urbanismo ha reunido a su consejo de gobierno aprobando los gastos correspondientes a la ejecución de la sentencia en lo que se refiere a la certificación de liquidación y revisión de precios del contrato, que asciende a 677.486,30 euros a los que habrá que sumar, como se ha señalado, otros 300.000 euros en concepto de intereses moratorios e intereses de los intereses moratorios.
