En plena polémica por el rebrote de la movida y/o de las botellonas en la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de tratar de contrarrestar las informaciones negativas con la filtración de otros datos aparentemente positivos pero que han tenido un efecto ‘boomerang’, porque sólo han servido para recordar que otro problema sigue irresuelto y para devolverlo al primer plano de la actualidad: las 20.000 multas impuestas a los gorrillas durante el mandato de Zoido.
El Consistorio suele reaccionar ante cualquier asunto conflictivo recurriendo a su particular Eurostat estadístico, para arrojar una catarata de cifras con las que demostrar que no ha permanecido de brazos cruzados, sino todo lo contrario, como a su juicio prueban los datos.
La diferencia es que esta vez no había ocurrido nada extraordinario que obligara a tirar de los cuadros de Excel, por lo que se trataba de una maniobra de distracción: frente a la ineficacia, por relajación -admitida públicamente-, ante la movida, imagen de eficacia con los gorrillas.
Cascada de multas
Y así se filtraron los datos de que desde que se inició el mandato actual se han interpuesto 19.815 denuncias contra los guardacoches y se ha detenido a 17 individuos relacionados con estas prácticas vulneradoras de las Ordenanzas, 8 de ellos extranjeros en situación irregular en España.
Desde que se activó el plan específico contra los gorrillas, en febrero de 2012, el número de denuncias ha sido de 13.889 (un 41% de las mismas en Bami y su entorno; casi un 23%, en Nervión; y un 17%, en el distrito Macarena).
El balance estadístico sólo ha servido para remover las estancadas aguas del estanque y generar una onda expansiva de turbulencias, ya que se ha registrado una inusual unanimidad entre los medios de comunicación, fuera cual fuera su espectro ideológico, y la oposición a la hora de apostillar que el problema de los gorrillas sigue persistiendo en las calles y que su número es equivalente o incluso superior al que había hace casi cuatro años, al inicio del mandato.
Juan Espadas, el líder de la oposición, lo resumió en una sola frase: “La cuestión es que los gorrillas siguen ahí”. Añadió el portavoz socialista que “se dice a cuántos se multa, no a cuántos se consigue cobrar las multas”.
Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, sobre el que de golpe han vuelto a caer los problemas de las botellonas y los gorrillas, ha reaccionado diciendo que el gobierno de Zoido “es el único que ha actuado con determinación tanto contra los gorrillas como contra el botellón, tras muchos años de permisividad total del anterior gobierno socialista”.
Y ha añadido: “Preferimos que la oposición nos critique porque no hemos conseguido erradicarlo todavía a que los ciudadanos nos digan que no estamos haciendo nada por solucionarlo. Nadie duda hoy en día de que este gobierno le ha plantado cara a ambos fenómenos”.
La tesis de Juan Bueno sería absolutamente irreprochable si no fuera por un gran matiz: Zoido les dijo a los ciudadanos durante la campaña electoral, e incluso antes, que él iba a acabar con los dos problemas, no que fuera únicamente a intentarlo. Ese fue el factor diferencial de Zoido para ganarse la confianza de los sevillanos, que así le otorgaron la mayor mayoría absoluta que se recuerde, 20 ediles: prometer la solución a problemas que llevaban años enquistados y frente a los que habían fracasado sus predecesores, pese a que todos intentaron resolverlos con Ordenanzas o tratando de regularizar la actividad (PM-40).
Sin varita mágica
Como hemos dicho en anteriores ocasiones, Zoido levantó tales expectativas al prometerles a los sevillanos prácticamente todo lo que estaban deseando oír (desde ser el alcalde del empleo hasta acabar con los gorrillas) que corre el riesgo de que esa enorme ilusión que suscitó (recuérdese cómo fue aclamado en su primera procesión del Corpus) se troque en frustración colectiva a la hora de la rendición de cuentas al final del mandato: podría resultar que el alcalde no tenía la varita mágica que tomó forma en el imaginario colectivo.
Ese sentimiento de frustración por los grandes problemas irresueltos (paro, botellonas, gorrillas) es el que ya empieza a proyectar la oposición, en palabras de Espadas: “Zoido apuesta por soluciones que no resuelven el problema, como la ampliación de la zona azul, pero no ha planteado una solución integral. Creía tener la varita mágica para las cosas en un par de meses y, ahora, debería reconocer que las cosas no eran tan fáciles ni él ha tenido capacidad para resolverlas. Los gorrillas no ha encontrado solución en este mandato tampoco”.
Insolvencia
La elevadísima cantidad de denuncias (casi 20.000) interpuestas es justamente la demostración de la persistencia del problema, prueba de que se puede multar una y otra vez a los miembros de este colectivo de desclasados sin que por ello dejen de acosar a los conductores una y otra vez: sólo han sido pagadas 405 de las 19.815 sanciones (el 2%) cursadas por los agentes de la autoridad.
En otras circunstancias, los datos habrían sido calificados de un gran éxito, porque nunca antes se había logrado por ningún gobierno local cobrarle una multa a un gorrilla, pero cuando el propio Zoido puso tan alto el listón, con la promesa de erradicar el problema al 100%, ese 2% de sanciones cobradas y la vuelta a las andadas de los guardacoches no se considera trascendente.
Generalmente, los gorrillas ni pagan ni suplen el importe de la multa (120 euros) con trabajos sociales, por tratarse habitualmente de personas insolventes, excluidos sociales y sin trabajo u oportunidad de tenerlo en una ciudad con casi 90.000 parados.
Causas y consecuencias
Nos enfrentamos a un problema social de una compleja solución, que no puede resolverse con miles y miles de multas, enfocadas hacia las consecuencias y no hacia las causas, salvo que se recurra a un despliegue policial disuasorio prácticamente las 24 horas del día en sus zonas de actuación, como Bami.
La decisión de implantar la zona azul en todas y cada una de las calles de este barrio, colindante con la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y cercano a varias consejerías de la Junta y al campus universitario de Reina Mercedes, sólo ha servido para espantar temporalmente a los gorrillas, que retornan en las horas “valle” en que no está activa, y durante las noches y los fines de semana, y para soliviantar a los empleados del hospital y de las consejerías y a los estudiantes de la Hispalense, más los comerciantes.
En un caso, aquéllos no pueden afrontar el pago cada hora de estacionamiento regulado; en otro, éstos ven cómo los potenciales clientes no se detienen a comprar en sus establecimientos porque tratan de salir cuanto antes de la zona azul para no pagar más por aparcar.
Picaresca
La zona azul hasta se ha convertido en un negocio para algunos residentes que ya tenían una plaza de garaje y que ahora la alquilan porque se han podido beneficiar del bono anual por aparcar en el estacionamiento regulado en superficie, mientras que para los comerciantes está siendo una ruina, ya que sus ventas han caído en un 40% desde que se implantó la medida antes del verano.
Casi el 73% de los comerciantes de Bami se han adherido ya a la plataforma creada contra la zona azul, en una demostración de que no había tanta unanimidad en el barrio a la hora de pedir esta regulación de los aparcamientos como sostenía el Consistorio.
Y ésa es la peor noticia para el gobierno: ver que su remedio contra los gorrillas acabe siendo considerado peor que el problema que trataba de solucionar, y que se una contra sus políticas de movilidad uno de los colectivos que han constituido la base electoral de Zoido, los comerciantes.
